EFE, Huelva
La jueza que lleva el caso de la muerte de la niña Mari Luz Cortés decretó ayer que el principal sospechoso del caso, Santiago del Valle, debe empezar a cumplir "inmediatamente" la sentencia dictada en 2002 por el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, que lo condenaba a dos años y nueve meses de cárcel por abusar sexualmente de su hija, que en el momento de los hechos tenía 5 años. Tal manifestación se hizo después de que el jueves se supiera que dicho individuo eludió la cárcel, a pesar de que tiene dos sentencias en contra.
El traslado al centro penitenciario de Del Valle y su hermana se produjo a las 00:45 horas después de que ambos prestaran declaración. Desde su llegada a la cárcel permanecen en zonas de seguridad y especialmente vigilados. Desde el centro penitenciario explicaron que el motivo del aislamiento e incomunicación se debe a que el centro tiene la responsabilidad de "velar por su integridad". La tercera imputada, Isabel García, esposa de Santiago, fue trasladada ayer a Sevilla para ingresar en un psiquiátrico y cumplir su condena como cómplice de los abusos sexuales que su esposo cometía sobre su hija.
El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, que se ha desplazado junto a su mujer, Irene Suárez, a la Audiencia Provincial de Huelva a petición del Juzgado de Instrucción número 1, sin que se sepan los motivos, expresó su deseo de que el presunto asesino de su hija quede recluido en una cárcel el máximo tiempo que pueda aplicarle la ley, y apuntó la necesidad de luchar por la "cadena perpetua" para casos como éste.
Ayer se sucedieron las declaraciones de representantes políticos y del ámbito judicial en relación al hecho de que Del Valle tuviera pendiente el cumplimiento de la condena por el abuso de su hija y otra condena de dos años de cárcel que dictó el juzgado penal 4 de Sevilla en diciembre de 2004 por agredir sexualmente a otra menor de 9 años.
El juez Rafael Tirado, titular del Penal 1 de Sevilla, que ha sido el que ha mantenido en libertad al presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortes, dijo que siempre que la causa estuvo bajo su control se tramitó con celeridad, aunque lamentó que la funcionaria encargada de hacerlo estuvo cinco meses de baja sin sustitución.
Además, se ha sabido que la tramitación judicial por abusos contra S.V.G. revela varios retrasos pues la Audiencia de Sevilla tardó dos años y medio en resolver la apelación y la Junta de Andalucía cinco meses en sustituir la baja laboral.
La vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que hay que hacer caer el peso de la ley sobre los responsables de lo que parece haber sido un "gravísimo, terrible y trágico error judicial"; términos en los que también se ha pronunciado la consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, María José López, que entiende que "el sistema judicial ha fallado". El vocal y portavoz del CGPJ, Enrique López, abogó por la creación de un registro central de condenados por delitos contra la libertad sexual similar al que ya hay para los delitos de violencia machista.
El líder del PP, Mariano Rajoy, avanzó que una de las primeras propuestas que presentará su grupo en las Cortes Generales será una de modificación y agravamiento de las penas para los delitos de tipo sexual.
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