Los "patios" de Ciudad Alta desatan la guerra entre PSOE y PP en el pleno

ACN, Las Palmas

La polémica abierta hace casi una década en la capital grancanaria por la decisión del Ayuntamiento de derribar los patios ocupados ilegalmente en las viviendas públicas de Ciudad Alta acabó salpicando ayer al Pleno municipal y agriando la sesión. Los socialistas, actualmente en el gobierno local, acusaron a los populares, ahora en la oposición pero que gobernaron durante 12 años hasta 2007, de haber practicado el "chantaje" a los vecinos y el PP culpó al PSOE de actuar "de forma caprichosa".

La disputa se desató a raíz de una moción presentada por el PP, que acabó siendo rechazada por la mayoría local, solicitando la continuación del procedimiento de recuperación de los patios ilegalmente ocupados, consistente hasta ahora en negar la escritura a aquellos residentes. La concejala de Vivienda, Chani Ruiz, no hizo sino confirmar que va a suprimir ese sistema, de forma que el ayuntamiento otorgará la propiedad a los inquilinos aunque no hayan accedido al derribo de las obras ilegales.

Ruiz atribuyó esta medida, que según su parecer no lesiona los intereses del ayuntamiento en pro de la recuperación de esos espacios, a un cambio de actitud a favor de las personas. La concejala socialista acusó al PP de haber tratado a esos vecinos como "ciudadanos de segunda", de mirarlos "con distintos ojos" que a contribuyentes que tienen posibilidad de adquirir viviendas "en el mercado libre", y de haber practicado "una política nefasta que sólo ha traído dolor".

Los populares se defendieron con menos estridencia que la concejala socialista, pero esgrimiendo argumentos tan contundentes como los de Ruiz. El edil Ángel Sabroso acusó al gobierno local de rectificar el criterio hasta ahora mantenido por el Ayuntamiento "de forma caprichosa" y de dejar "tirados" a aquellos vecinos que "han cumplido" con la legalidad, en alusión a aquellos inquilinos que accedieron a derribar las construcciones ilegales y entregar los patios para el uso público.

Por otra parte, la portavoz popular, Pepa Luzardo, acusó a las empresas que gestionan la compañía Emalsa de contratarse a sí mismas el servicio de mantenimiento de las alcantarillas de la ciudad por un importe de 4,5 millones de euros anuales sin mediar concurso público alguno. La ex alcaldesa acusa al actual regidor, el socialista Jerónimo Saavedra, de no velar por los intereses de los ciudadanos, ya que es el presidente de la entidad mixta que garantiza el suministro de agua del municipio.