EFE, Bogotá
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, autorizó ayer la excarcelación de rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a cambio de la puesta en libertad de las personas que esta guerrilla mantiene como rehenes, entre ellas la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
La decisión está contenida en un decreto que el gobernante firmó anoche y que, según el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, se constituye en "un mecanismo expedito e inmediato para el acuerdo humanitario".
"Básicamente, el único requisito para que se realice el acuerdo humanitario consiste en la liberación de los secuestrados", explicó Restrepo.
Al respecto, apuntó que sólo basta con que liberen a Betancourt, a las otras 39 personas que mantienen en condición de canjeables o las demás secuestradas, más de 700, para que "un número singular o plural" de rebeldes presos sean excarcelados.
Los insurgentes pueden estar imputados o condenados incluso por crímenes que no sean susceptibles de amnistía o indulto, destacó Restrepo, pero advirtió de que quienes quieran el beneficio de la suspensión condicional de la pena, o una alternativa, deberán dejar la lucha armada.
"Automáticamente deben comprometerse a un buen comportamiento, y no volver a delinquir: es un compromiso que se mantiene, básico, propio del Estado de Derecho", aclaró.
Una vez que se produzca la liberación, el presidente o el alto comisionado para la Paz, por delegación del gobernante, enviará a las autoridades judiciales competentes los nombres de los presos que pueden recibir el beneficio de la suspensión condicional de la pena.
Por su parte, el presidente Uribe recordó que además "existe un fondo de cien millones de dólares para aquellos integrantes de la guerrilla que se decidan a abandonarla y liberen secuestrados".
Numerosos representantes de la Iglesia católica, así como de organizaciones sociales y de la política internacional, entre los que figuran el ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, expresaron su esperanza de que la propuesta de-rive en resultados positivos.
Mientras, los familiares de la ex candidata a la presidencia de Colombia se muestran cautos, ya que el decreto "contiene muchas condiciones que las FARC ya han dicho en el pasado que no aceptan", aseveró el ex marido.
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