Balanzas fiscales y populismo

EL VICEPRESIDENTE ECONÓMICO, que tiene asegurada su continuidad en el Gobierno, se dispone a negociar con calma el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, aunque probablemente el proceso no esté concluido en agosto, que es el límite marcado por el nuevo Estatuto catalán. Además, durante la campaña electoral, Solbes adquirió cierto compromiso de hacer públicas las balanzas fiscales, demandadas con insistencia por los partidos nacionalistas catalanes, pero Economía ya se ha cuidado de advertir de que estos datos no van a ser utilizados para negociar aquel sistema, y que en todo caso las balanzas serán varias, según el criterio de medición que se adopte.

La publicación de las balanzas fiscales, que contribuirá a desmitificar el concepto, era inaplazable por simples razones de transparencia (el Gobierno no debe mantener zonas opacas), pero ha de ir acompañada de dos precisiones importantes, sin las cuales se estaría sencillamente abriendo un peligroso camino a la demagogia.

En primer lugar, si por balanza fiscal se entiende, según definición del propio Ministerio de Economía, "un instrumento de información económica que imputa territorialmente los ingresos y gastos de las instituciones del sector público en un periodo de tiempo determinado, y calcula el saldo fiscal resultante en cada territorio", hay que precisar que ese instrumento es ambiguo y confuso por una razón fácil de entender: en determinados impuestos, como el IRPF, el sujeto pasivo del impuesto es el ciudadano y no el territorio (es una empresa en el caso del impuesto de sociedades), y no siempre la actividad productiva se desarrolla en el lugar donde se satisface el tributo. Además, existen factores intangibles, psicológicos, que no pueden cuantificarse: muchos compramos cava catalán por simpatía, o hacemos turismo interior a regiones españolas porque nos interesa conocer nuestro acervo paisajístico o cultural...

En segundo lugar, el propio concepto de balanza fiscal es técnicamente controvertido. En un documento que Economía remitió al Senado a finales del 2006 para cumplir el mandato parlamentario de "establecer una metodología común" para la elaboración de las balanzas fiscales, elaborado por un grupo de trabajo en el que junto a expertos especializados había representantes de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, el Ministerio de Economía, el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, se llegó a la conclusión de que no había un método unívoco de cálculo, ya que no está resuelto un debate estrictamente académico sobre el particular: la inversión del Estado ¿beneficia sólo a la comunidad donde se realiza o también a las restantes? Los expertos que se inclinan por la segunda opción alegan que, por ejemplo, las obras del AVE en Aragón mejoran la vida de los aragoneses, pero también la de los habitantes de otras autonomías que podrán viajar en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Resultan así dos criterios de cálculo diferentes: la línea de pensamiento que prorratea las inversiones entre las comunidades que se benefician de ellas se conoce como el criterio coste-beneficio, frente al criterio del flujo monetario, que solo calcula la diferencia entre los ingresos que el Estado obtiene en un territorio a través de los impuestos y los gastos que allí realiza en forma de inversiones.

Los dos métodos de cálculo ofrecen, lógicamente, resultados muy diferentes, sin que, por añadidura, pueda asegurarse, por las razones antes apuntadas, que los dos ofrezcan conjuntamente una fotografía realista de la situación. Pero, además, el argumento de fondo que ha de relativizar las célebres balanzas y descargarlas de la trascendencia que alguno quiere darles es de índole política y no económica: la Constitución vigente.