EL DÍA, S/C de Tenerife
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, asegura que Canarias es la comunidad autónoma que más paga en ayudas a las familias más vulnerables, a través de la Ley de Prestación Canaria de Inserción, una normativa, dice, pionera en las Islas que pretende apoyar a las personas con más dificultades para su inserción social y laboral.
Así lo indica la consejería en un comunicado, donde destaca que, mientras que en Andalucía se establece una cuantía mínima de 90 euros y una máxima de 600 euros; en Cataluña se fija un pago para una unidad familiar de un miembro de 400,38 euros y de 602,19 euros para la unidad familiar de 6 miembros, y Galicia establece 387,68 euros para la familia de un miembro y un complemento de 41,35 euros para la unidad familiar a partir de 3 miembros, en Canarias estas cuantías oscilan entre los 451,67 euros para un miembro y los 629,96 para una unidad de 6 miembros.
"La Ley de Prestación Canaria de Inserción rompe por completo con el sistema asistencialista para transformarse con claridad en un sistema público de servicios Sociales", recalca Rojas, quien explica que consolida la ayuda por 12 meses con 14 pagas, renovable por periodos sucesivos de seis meses, siempre que permanezcan las condiciones sociales de los solicitantes.
Detalla que la ley se vincula "con rotundidad a programas de inserción, tanto por el solicitante, como por toda la unidad familiar que participará y se comprometerá mediante consentimiento expreso en programas de inclusión", y precisa que, "en la actualidad, 607 familias ya están percibiendo la Prestación Canaria de Inserción".
Además, expone que por cada solicitante se confecciona un programa específico de actividades dirigido a la unidad de convivencia, elaborado por profesionales de los servicios sociales, en coordinación con los agentes de empleo de desarrollo local y con profesionales vinculados a las áreas locales de sanidad, educación y vivienda.
La ley permite que varios miembros de la familia que compongan distintas unidades puedan cobrar la ayuda por separado.
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