TACHI IZQUIERDO, Tenerife
Juan Manuel García Ramos, ex consejero de Educación del Gobierno de Canarias y presidente del PNC, ha manifestado su acuerdo con las consideraciones de los dos votos particulares que se reflejan en el informe del Consejo Consultivo con relación al conflicto de la homologación del profesorado no universitario con el resto de funcionarios de la Comunidad autónoma, en el sentido de que "el derecho no tiene vocación temporal", término que aplica a la ley del año 1991, que aunque establecía un plazo de cinco años, dijo, "su espíritu no era temporal, sino asimilar los sueldos del profesorado al de los puestos base de los funcionarios".
En este sentido, el ex consejero señaló que se estableció ese plazo porque no se podía asumir el pago en un año, aspecto que para el dirigente nacionalista "no quiere decir que a partir de los cinco años los docentes quedaran deshomologados". Además, se mostró de acuerdo con los votos particulares cuando se señala que el derecho a la homologación "está reconocido porque la ley sigue vigente" y añadió que "lo que hace falta es el cumplimiento de la ley", de manera que el desfase actual se pacte con los sindicatos para que vuelvan a estar homologados.
En cuanto a la negativa de los representantes públicos para reconocer esta equiparación salarial, García Ramos dijo que "hay una serie de interpretaciones rocambolescas de ciertos juristas que dicen, en función del artículo 1 de la ley, que se establece un plazo de cinco años", periodo en el que, añade, se paga la homologación, "pero el derecho está adquirido". Así, comentó que "con la ley actual no pueden hacer otra negociación, y si no quieren seguirla, lo que tendrían que hacer es derogarla".
Tras más de un año de conflicto entre la Administración y los sindicatos, el ex consejero abogó por que el Gobierno abra un proceso de diálogo "en esta línea que estoy hablando, porque este Ejecutivo no es el culpable de este desfase, sino el de la etapa en la que estaban al frente de la Consejería José Mendoza y Marino Alduán, que fueron los que desfasaron el proceso de homologación".
García Ramos insistió, pese a la postura que mantiene el Gobierno, en que él está de acuerdo con el pronunciamiento de los dos votos particulares del informe del Consejo Consultivo que encargó el propio Ejecutivo, "pues es lo lógico, ya que su base dice que el derecho no tiene vocación de temporalidad, porque cuando se hacen las leyes se hacen, y cuando se quieren cambiar se derogan. El derecho a la homologación está reconocido por la ley vigente, y aquí lo que se discute es su cumplimiento, que no se ha llevado a cabo".
Además, el dirigente nacionalista señaló, con relación al enfrentamiento entre Administración y docentes, que "pensar en cualquier mejora de la enseñanza sin contar con el profesorado es una falacia", y añadió que, sin determinar las culpas por el clima de tensión, "los enfrentamientos no son buenos en ningún caso y hay que evitarlos a toda costa".
Asimismo, recordó, en cuanto a la negativa de los profesores de aceptar las contrapartidas que pone sobre la mesa la Administración, que en la ley del año 1991, "en su artículo 4, se dice que la percepción del complemento específico docente está ligado al desempeño de las funciones de tutorías o asimiladas para las que fuera designado el funcionario en virtud de la organización de los centros, lo que representa que se reflejan contrapartidas, que suponen, igualmente, el nivel de participar en las actividades de formación y en el marco del plan de perfeccionamiento del profesorado".
Por ello, concluyó que "la Administración educativa debería leerse el artículo 4 de esa ley que contemplaba contrapartidas y comprobar que se están cumpliendo y actualizarlas".
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