El Parlamento estudia personarse por el recurso a la ley del transporte

O. GONZÁLEZ, Tenerife

El Parlamento canario estudia personarse ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central el pasado mes de febrero a la ley autonómica de transportes por carretera, aunque continúan las negociaciones para solucionar este conflicto en la comisión bilateral Canarias-Estado.

Así lo apuntó ayer el presidente de la Cámara regional, Antonio Castro, en la rueda de prensa que ofreció tras finalizar la reunión de la Junta de Portavoces, que acordó encargar un estudio a los servicios jurídicos de la institución sobre este asunto.

Según aseguró el responsable del Parlamento, el acuerdo de la Junta de Portavoces se produjo por mayoría, ya que la posibilidad de personarse en este caso ha contado con el respaldo de los grupos que apoyan al Gobierno regional, esto es Coalición Canaria y Partido Popular, mientras que el PSC-PSOE se opuso a esta medida.

En este sentido, Castro explicó que la discrepancia con el Gobierno central deriva, principalmente, de los plazos previstos en la ley autonómica para instalar el tacógrafo en los vehículos de transporte terrestre de viajeros y mercancías, que será obligatorio en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

Sin embargo se ha pedido ampliar el plazo preceptivo para instalar este aparato en los vehículos que se desplazan entre el Archipiélago, pues según recordó el presidente del Parlamento "muchos camiones se trasladan a islas en las que en principio no es obligatorio el tacógrafo, como La Gomera".

Al respecto, el responsable de la Cámara regional precisó que el Gobierno central entiende que "hipotéticamente" esta ampliación de plazos contraviene la normativa estatal en este ámbito.

No obstante, Antonio Castro puntualizó que el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, que también asiste a la Junta de Portavoces del Parlamento regional, ha puesto en conocimiento del órgano que continúan los contactos para encontrar una solución a este conflicto en la comisión bilateral Canarias-Estado.

Cabe recordar que fue el Consejo de Ministros, a través del ministerio de Administraciones Públicas, el que acordó promover el pasado 22 de febrero un recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley de Canarias de Ordenación del Transporte por Carretera, de 17 de mayo de 2007, al entender que la norma autonómica vulnera la competencia exclusiva que tiene el Estado en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.