Segura promete

EL DÍA, Tenerife

La Comunidad Autónoma de Canarias presenta necesidades específicas derivadas de su alejamiento de la Península. Esta situación, reconocida incluso en textos internacionales y comunitarios, ha impulsado al Gobierno socialista a desarrollar actuaciones específicas en las mismas. En la próxima Legislatura los socialistas queremos confirmar la necesidad de un tratamiento específico de la realidad extra-peninsular tanto en el ejercicio de las competencias propias del Estado como en el desarrollo de las relaciones de colaboración con las autoridades autonómicas.

El propio mandato constitucional de unidad y la función específica del Gobierno del Estado de garantizar el desarrollo equilibrado y solidario de todos los territorios españoles y sus ciudadanos, fundamentan la opción de los socialistas por el desarrollo de estrategias específicas desde el Estado en favor del incremento de la capacidad competitiva de los territorios ultra-periféricos como Canarias.

El artículo 299.2 del Tratado Comunitario introdujo en el Derecho primario de la UE el concepto de la ultraperiferia en calidad de término con el que se representa una realidad geográfica y que posee un fundamento jurídico y político en el que se contiene el reconocimiento del alejamiento del continente europeo y, en consecuencia, sus desventajas permanentes de insularidad, escasa superficie, relieve y clima difícil, ausencia de diversificación económica y dependencia de un reducido número de productos. Poseen regiones ultraperiféricas Portugal, Francia y España, siendo el Archipiélago Canario la región ultraperiférica española.

Debemos destacar, con el máximo relieve, que el Tratado de Lisboa ha mantenido el reconocimiento jurídico y político de la ultra-periferia. De forma tal que el párrafo segundo del artículo 299 de dicho tratado y que se convertirá en el artículo 349 en la nueva numeración del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conserva todos los elementos existentes y además incorpora la posibilidad de que el consejo adopte medidas específicas para las regiones ultraperiféricas por el procedimiento legislativo especial.

Especialmente destacable ha sido el progreso que ha supuesto para las regiones ultraperiféricas el hecho de que el Tratado de Lisboa haya mantenido la excepción en materia de ayudas de Estado.

La mención RUP en las Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de 2007 se acompaña del mandato de emplazamiento a la Comisión a presentar propuestas concretas a lo largo de 2008. Asimismo, en septiembre de 2007, la Comisión ha presentado una nueva Comunicación denominada: "Estrategia para las Regiones Ultraperiféricas: logros y perspectivas", en la que esencialmente se abre un debate sobre los retos a largo plazo con especial referencia a cuatro temas sensibles: el cambio climático, la política marítima y la evolución demográfica y gestión de los flujos migratorios.

Los socialistas nos sentimos orgullosos de los logros obtenidos para Canarias como región ultraperiférica por el Gobierno socialista español en estos últimos cuatro años y, ante los retos futuros, nos comprometemos a continuar impulsando iniciativas en la misma línea de los últimos años, concretamente, a:

Consolidar los avances alcanzados en la VIII Legislatura, cuyos efectos alcanzan todo el período de perspectivas financieras 2007-2013, por medio de la puesta en marcha de los fondos comunitarios: fondos estructurales, fondo social europeo, fondo europeo de pesca, fondo europeo agrícola de desarrollo rural, del régimen económico y fiscal, del Poseican y otros.

Reafirmar el compromiso del Gobierno de España con su región más alejada, única Comunidad Autónoma que tiene un reconocimiento de su singularidad en el Tratado de la UE.

La adaptación de las políticas comunitarias teniendo en cuenta los efectos que genera la situación ultra-periférica en la actividad económica y a desarrollar todas las potencialidades y riquezas de tal situación.

Ante la consulta pública lanzada por la Comisión en septiembre de 2007 y en el contexto de la estrategia comunitaria de 2004 establecida en torno a tres ejes: de accesibilidad, competitividad e inserción regional y dado que Canarias continuará siendo demandante de un tratamiento diferenciado en las iniciativas comunitarias que se vayan poniendo en marcha, nos comprometemos a reivindicar que:

Debido a la dependencia de Canarias al transporte aéreo y como consecuencia de la inclusión del sector de la aviación en el comercio de emisiones de CO2, se procurará que ello no penalice las rutas aéreas desde y hacia Canarias así como tampoco las interinsulares.

Por parte de la Comisión se fomenta el aprovechamiento del potencial marítimo de Canarias tanto desde el punto de vista de la investigación como el de las actividades marítimas vinculadas al transporte para lo cual se procurará sean de aplicación las políticas comunitarias de las "autopistas del mar".

Se utilicen y exploren para Canarias, las oportunidades derivadas del empleo de los instrumentos comunitarios vinculados a las fórmulas de partenariado conjunto establecidas en la "Estrategia Conjunta UE-África".

En la próxima Legislatura (2008-2012), promoveremos en Canarias nuevas políticas destinadas a regular el transporte de personas y de mercancías dentro de cada una de las islas y generar infraestructuras portuarias y aeroportuarias racionales que posibiliten la movilidad desde Canarias hacia el exterior y la generación de una auténtica plataforma logística en el área del Atlántico ocupada por las islas Canarias. De ahí que propongamos los compromisos que a continuación señalamos:

Las infraestructuras ferroviarias que se promuevan en las islas, a cofinanciar por el Gobierno de España, integradas dentro de planes territoriales especiales de ordenación del transporte de cada isla, tendrán garantizada dotación económica suficiente para su construcción y para que ofrezcan un plus de reducción de impacto ambiental con respecto a las infraestructuras equivalentes que se construyan en la Península, dado que en estas islas nuestro paisaje tiene una especial importancia como parte esencial de nuestro atractivo turístico. También se hará que estos ferrocarriles operen como trenes de cercanías y como transporte de mercancías sirviendo, además, como potentes vías de comunicación con las infraestructuras portuarias y aeroportuarias.

Desde el Gobierno de España se diferenciará entre la inversión en infraestructura necesaria y en infraestructura que representa una oportunidad de diversificación económica, priorizando las primeras. Existe una auténtica necesidad de inversión en infraestructuras en Canarias que nos acerquen a los niveles de vida comunitarias (infraestructura energética, hidráulica, de transporte público, de gestión de residuos, de telecomunicaciones...), por lo que será una prioridad para nuestro Gobierno.

El Gobierno de España planteará una política energética específica para Canarias con el objetivo de conseguir, al menos, el mismo grado de independencia energética del exterior que el que se plantea para el territorio peninsular y basado en el fomento de la eficiencia y ahorro energético, así como al impulso de las energías renovables. A largo plazo, la política energética a desarrollar entrelazará la energía, el agua y los residuos de un sistema integrado de oferta y demanda que mejore la eficiencia e incida, a su vez, en el ahorro de este recurso esencial.

Mantendremos durante la próxima legislatura los programas contemplados en el plan Especial de Empleo para Canarias (que ha supuesto una inversión de 168 millones de euros durante la legislatura 2004-2008) sometiéndolo a evaluación conjunta con el Gobierno autónomo y procediendo a las adaptaciones que resulten necesarias para seguir potenciando la creación de empleo.

Promoveremos ante las autoridades comunitarias la adopción de las medidas adecuadas y necesarias para que una parte de los fondos acumulados en la Reserva para Inversiones en Canarias pueda destinarse a la inversión y el desarrollo de la economía y el empleo en los países de África Subsahariana.

Impulsaremos desde las Cortes Generales la adopción de un acuerdo del Gobierno de España con el de la Comunidad Autónoma de Canarias para la mejor aplicación de los acuerdos de Bali sobre el cambio climático.

Nos comprometemos a impulsar desde las Cortes Generales y desde el Gobierno de España un convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias sobre actuaciones en materia hidráulica. Dado que en Canarias además de su endémica escasez de agua existe un acusado déficit de infraestructuras adecuadas para su gestión (canalización, depuración, saneamiento, reutilización compatible), parece razonables que nos comprometamos a la ejecución de planes de infraestructuras enmarcados en un modelo de gestión sostenible para el agua en el que, de manera inequívoca, se potencie la desalación como una de las técnicas más adecuadas.

Conscientes de que la acumulación de residuos constituye uno de los problemas medioambientales más acusados de Canarias y cuya deficiente gestión trae consigo alteraciones del paisaje, peligrosidad sobre la salud de los ciudadanos o contaminación de los recursos naturales, asumimos el compromiso de impulsar mecanismos de cooperación entre todas las Administraciones: estatal, autonómica, insular y municipal con el objeto de afrontar conjuntamente la eliminación de todo tipo de residuos y su reciclaje con aplicación de los más modernos elementos tecnológicos.

Canarias es la única zona geográfica del territorio español donde se han registrado erupciones volcánicas en los últimos quinientos años. Constituye la única región en la que el fenómeno volcánico no sólo es razón de su existencia y una de sus principales fuentes de su riqueza sino que además también representa un riesgo real y potencial para la seguridad de las personas. Todas las estrategias que nacen de un profundo y riguroso análisis de esta realidad apuestan claramente a la necesidad de creación, con el concurso y la colaboración de todas las Administraciones Públicas, de un Instituto Vulcanológico en Canarias, concebido como una de las piezas claves de las que deben disponer la sociedad para cumplimentar eficientemente las acciones destinadas a la reducción del riesgo volcánico en nuestro país, además de asegurar una mejor gestión de los recursos públicos que, en la actualidad, se destinan a la reducción del riesgo volcánico en España.

El actual Plan Integral de Seguridad para Canarias, que se encuentra en fase de desarrollo en el bienio 2006-08, constituye un instrumento de planificación estratégica para la orientación y ejecución de las políticas públicas que garanticen y den respuesta a la protección de las personas, los bienes y el patrimonio común, todo ello en el marco de las líneas estratégicas de actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

En consecuencia, y ante los excelentes resultados derivados de la aplicación del mismo, nos comprometemos para el próximo período legislativo a la implementación de un segundo Plan de Seguridad para Canarias con los objetivos de: nuevas infraestructuras, continuar con el incremento de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, disminuir en cinco puntos la actual tasa de criminalidad, e incorporación de nuevos elementos tecnológicos a las distintas unidades de investigación especializadas en el seguimiento de los delitos urbanísticos y medioambientales.

Impulsaremos un nuevo Estatuto de Autonomía para Canarias que profundice y refuerce nuestro autogobierno, ampliando las competencias, extendiendo derechos, reforzando nuestro régimen económico y fiscal, garantizando las especificidades canarias en el marco de la Unión Europea. Además, incluiremos en el Estatuto una imprescindible reforma del actual sistema electoral en la búsqueda de criterios de representatividad más justos.