¿Más de lo mismo?

MIENTRAS parece que los políticos están de vacaciones, los mandados se mueven, especialmente en el partido del Gobierno, para establecer las bases de la nueva Legislatura, que no son otras que las de enraizar el cambio de régimen que se inició en la anterior. Para eso pretenden mantener un férreo control sobre todas las instituciones y ofrecer a los demás esa "mano tendida" de la que habló Zapatero, pero con un garfio chino dentro para quebrársela al primer descuido.

Lo primero es la investidura. ZP la tiene asegurada con el PNV, que se va a convertir en ganador, pese a haber logrado menos votos. Al asumir el PSOE los nacionalismos identitarios, tras su relativo triunfo electoral, está en condiciones de negociar con los vascos un apoyo puntual a sus propuestas legislativas. A cambio de dar al PNV las garantías que pide para blindar su cupo vasco -por cierto mejorado en el último Gobierno de Aznar-, como contrapartida al olvido del referéndum de Ibarretxe. Ello permitirá al PSOE "vendernos" su segunda victoria frente al nacionalismo, y así las terminales mediáticas gubernamentales le exaltarán como el gran defensor de la unidad de España. Y el PNV a tragar, porque le va en ello la pérdida del Gobierno vasco en las próximas elecciones autonómicas. ZP completará los 176 votos que necesita con los dos diputados del BNG, a cambio de prestarle los diputados que necesite para formar Grupo Parlamentario.

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Es más que dudoso, por el momento, que el voto sin condiciones ofrecido por el presidente Paulino Rivero, de los dos diputados de CC, sean aceptados. Sólo depende de que Rivero garantice que se sumará al "cordón sanitario " para seguir aislando al PP, con el fin de ir socavando su coalición de Gobierno en Canarias. Si no lo acepta, no tendrá grupo, ni podrá afrontar el amplio paquete de obras que tenemos paralizadas. Será difícil que la mayoría de la Mesa de la Cámara permita que el PP le preste diputados a CC para formar grupo, con el fin de obtener más minutos en los debates, o lo que es lo mismo "chupar más cámara" para ser una vez más "voz de Canarias" en el Parlamento de la nación, o lo que va quedando de ella; toda vez que López Aguilar ya ha reivindicado ser la única voz canaria en la Cámara Baja. ¿Qué caramelo envenenado le estarán preparando al pacto CC-PP?

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En cualquier caso, ZP tiene una investidura asegurada, y después gobernará con los votos que necesite en cada momento, sin más ataduras que las que precise para ir sacando sus proyectos de cambio de la Constitución, sin utilizar los procedimientos que en ella se establecen para modificarla.

De momento ya ha movido sus peones para un control férreo de los poderes arbitrales y judiciales. Por un lado, se garantiza que, cuando en las próximas semanas se voten por el Tribunal Constitucional las sentencias de recursos contra el Estatuto catalán o del matrimonio de homosexuales, salgan adelante las interpretaciones favorables para convencer a Montilla y sus socios de que él va a seguir defendiendo los proyectos catalanistas.

Controlado el Tribunal Constitucional, esta misma semana el fiscal general del Estado ha lanzado una idea. Aún no se sabe si como "globo sonda" o como anuncio de las modificaciones legales pertinentes. Se trata, nada más y nada menos, que de dar a los fiscales la posibilidad de instruir también los sumarios, al margen o en paralelo con el juez instructor. Si es al margen, tendrán que cambiar la Ley Procesal y si es en paralelo, se abre una vía, poco segura, para la aplicación de la Justicia ordinaria. Aparte de crear un instrumento político -puesto que los fiscales dependen del Gobierno- letal para sus enemigos, adversarios u opositores. ¿Te imaginas, Pepe Ignacio, al juez instructor actuando por un lado y la fiscalía instruyendo paralelamente o por su cuenta, obteniendo conclusiones contradictorias? ¿A todo el que moleste, se le echará al fiscal, y como se controlan los medios, se le apartará y enlodará mientras al juez instructor se le margina, y la Justicia independiente se paraliza? Y ¡al carajo con la presunción de inocencia!

Para poner en marcha ese avieso mecanismo político-judicial, necesitan contar con el cambio y el control del Consejo General del Poder Judicial. Si ya tienen al Tribunal Constitucional actuando como una tercera instancia judicial (recuerda el caso de "los Albertos") y como una tercera cámara política, sin posibilidad de más apelaciones que al Tribunal Europeo, ahora necesitan también controlar el Tribunal Supremo y el mencionado Gobierno de los jueces, cuya renovación lleva años paralizada.

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Con ese control férreo de los jueces y fiscales, con una Oficina Judicial (los funcionarios al servicio de la Justicia) que llevan siete meses en huelga, y un retraso de más de cien mil procesos, simple y llanamente porque Zapatero ha permitido que las autonomías establezcan salarios diferentes, como se ha hecho con las Fuerzas de Seguridad, la educación, la sanidad y en tantos otros aspectos de las competencias transferidas por un Estado en el que sus ciudadanos pueden ser discriminados por su lugar de residencia, sufrir de la privación de derechos, o recibirlos rebajados, según se plieguen o no, a las políticas del Gobierno autónomo de turno.

Ejemplos de estos atropellos surgen cada día, Pepe Ignacio, no sólo en las diferencias de salarios de los funcionarios transferidos, sino en la aplicación de las llamadas políticas de normalización lingüística, en las comunidades en las que están decididos, con el apoyo del PSOE -supuestamente un partido nacional- a eliminar el español como el idioma oficial del Estado.

Conoces ya algunos ejemplos: en Cataluña se obliga a rotular las tiendas e impresos, así como la comunicación con los clientes, sólo en catalán. Si se hace sólo en español, se multa. Pero se permite rotular en japonés, coreano, arameo, etc. En Cataluña se quiere que las misas en español se programen para primera hora de la mañana; las demás, en catalán. Que las fiestas de los pueblos, como ya han comenzado a hacer en Galicia, se hable sólo en catalán o gallego. Pero no sólo en los actos públicos, sino, como ya se les exige a los alumnos gallegos, o vascos, hasta en sus actividades lúdicas privadas.

Los padres vascos y gallegos, lógicamente, ya han comenzado a organizarse para recurrir a los tribunales, a ver si pueden lograr que sus hijos reciban la enseñanza en español. Otros, como los andaluces, convencidos, como los padres canarios, de que si mantenemos a nuestros hijos en la enseñanza pública tienen asegurado el fracaso escolar. Entre tanto, gran parte de los colegios concertados no se deciden a colaborar con los padres que quieren objetar la asignatura de Educación de la Ciudadanía, porque temen perder las subvenciones.

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Son estos y otros ejemplos que surgen cada día, Pepe Ignacio, muestras del escaso respeto del régimen zapateril por la España plural. Ese extraño concepto "discutido y discutible" que le es tan caro, y que tratará de profundizar en esta nueva Legislatura. Eso sí, con la mano tendida "aparentemente" a todas las fuerzas políticas, para irlas fagocitando en su proyecto totalitario.

Trampa, la de la mano tendida, a la que someterá de nuevo al Partido Popular que tiene que optar, Pepe Ignacio, entre tratar de sacar lo que pueda, mientras roe las prebendas del principal partido de la oposición, o plantar cara, liderando esas espontáneas reacciones de la sociedad frente al régimen totalitario, y ofreciendo un programa claro y visualizable por los electores, que aún creen en España como nación unida e indiscutible. Un proyecto que no se limite al posibilismo de rechazar un Estatuto catalán que rompe la nación española, y sin embargo, acepta cláusulas del mismo en Valencia o Andalucía.

O el PP opta por defender la igualdad de todos los españoles ante la ley en todo el territorio que aún compone la nación, o se pliega a la política de ofrecer fórmulas al Gobierno Zapatero para que siga implantando la España subsidiada. Como ese rechazado proyecto de Manuel Cháves de dar siete mil euros más al año a los profesores de instituto andaluces que aprueben a los alumnos. Así es, Pepe Ignacio, cómo el zapaterismo pretende superar el fracaso escolar denunciado por nuestros socios europeos. Menos mal que los profesores de 502, de los 893 IES andaluces, ya han rechazado esa compra de su dignidad profesional.