J.D.M., S/C de Tenerife
El Club de la Tercera Juventud El Chinchorro de San Andrés ha llevado a los tribunales de justicia el asunto del pago de sólo algo más de 30 euros de subvención por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de una denuncia a un funcionario por "prevaricación administrativa" al que el colectivo le pide 899,50 euros en concepto de daños y perjuicios.
Además, en un recurso de reposición presentado en el registro municipal, El Chinchorro reclama que le abonen 1.496,60 euros, resultado de restar de 1.500, cantidad concedida como subvención en diciembre de 2006, los 30,40 recibidos finalmente. Además, pide otros 890,50 euros en concepto asimismo de indemnización por daños y perjuicios.
Juan Carlos Rodríguez Cabrera, que presentó la denuncia el pasado lunes en el Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital tinerfeña, preside esta asociación de mayores y explica cómo comenzó todo: "El 29 de diciembre de 2006 nos conceden una subvención de 1.500 euros. El 24 de enero de este año, la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, ante la cual presentamos recurso al carecer de información, nos contesta que la propuesta es darnos 600,59, pero el pasado 8 de febrero se nos notifica que la cantidad a pagarnos es de 30,40 porque, según ellos, las facturas presentadas no se ajustan a las bases, algo que reclamamos en ese recurso potestativo de reposición el 22 de febrero, en el cual solicitamos esas cantidades".
La razón para pedir estas cantidades tan peculiares la explica Juan Carlos Rodríguez así: "A partir de los 900 euros nos obligan a que la reclamación vaya firmada por abogado y procurador, lo que supone un excesivo gasto que la asociación no puede afrontar".
Respecto al funcionario denunciado, Rodríguez Cabrera indicó que "ha firmado un documento en el que no nos da la posibilidad de defendernos". En la denuncia se pide "que se abstenga de participar en ningún procedimiento del ayuntamiento, quede anulada la notificación y estimada la petición por interés social".
Añadió el presidente de El Chinchorro que "el 4 de marzo le pedimos al Coordinador General de Área que nos diera todos los documentos en relación al ejercicio en el que supuestamente no habíamos subsanado las deficiencias en las facturas. Alegan que lo que pedíamos ya lo habían notificado, pero el documento salió el 17 de octubre y llegó el 22 de noviembre, pasaron más de diez días y por tanto estaba caducado y era totalmente inhábil".
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