El juez rebaja la fianza a los ex ediles del PP Castellano y Oliva

ACN, Las Palmas

El juez que instruye el "caso Faycán" sobre presunta corrupción en el Ayuntamiento de Telde, Javier García Satoca, ha resuelto rebajar la fianza a dos de los imputados, los ex concejales del Partido Popular María del Carmen Castellano y Carmelo Oliva. El nuevo aval es de 10.000 euros cada uno, según fuentes del PP a las que ha accedido ACN. Ambos implicados no responden a las llamadas de esta agencia.

Mari Carmen Castellano, ex segunda teniente de alcalde y concejala delegada de Desarrollo Local, Pymes, Mujer, Seguridad, Nuevas Tecnologías, Transporte, Parque Móvil, Policía Local, Protección Civil, Tráfico y Bomberos; y Carmelo Oliva, que era titular de Hacienda, Personal, Régimen Interior y Servicios Sociales, fueron detenidos el 7 de noviembre de 2006 y dimitieron en el pleno del 24 de noviembre. A la concejala se le impuso inicialmente una fianza de 60.000 euros y a su compañero de corporación, de 90.000 euros. A la primera se la acusa de delitos de cohecho y malversación de fondos y al segundo, de cohecho y prevaricación.

El mismo día siete de noviembre junto a ellos fueron arrestados también el alcalde de la localidad grancanaria, Francisco Valido; el edil de Depósitos, Aguas, Saneamiento, Agricultura, Ganadería y Pesca, José Suárez Martel; y la concejala de Educación y Cultura, Obras Públicas, Contratación, Vivienda y Solidaridad, Sonsoles Martín Jiménez.

Estas detenciones se produjeron unos meses después de los arrestos de la principal imputada, la ex concejal de Obras María Antonia Torres, y de otros de los implicados. El caso estalló en junio de 2005, cuando una empresaria teldense denunció una presunta trama de corrupción dirigida al cobro de comisiones irregulares para la adjudicación de obras en el municipio isleño.

Con estos dos casos, la mayoría de los concejales imputados por el "caso Faycán" ha obtenido rebajas en las fianzas aplicadas en su día por el juez García Satoca, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Telde. Sin embargo, ninguno de los ediles implicados ha dejado de estar imputado en uno o varios de los delitos de los que fueron acusados desde el comienzo de esta operación judicial, que se produjo en marzo de 2006.