EL DÍA, S/C de Tenerife
El paquete de medidas de choque contra la desaceleración económica ideado por el Ejecutivo canario y aprobado el martes por el Consejo de Gobierno es objeto ya de discrepancias. La Confederación Regional de Comercio (Coreco) advirtió ayer de que estas medidas podrían tener consecuencias "graves" para el pequeño comercio de las Islas.
Coreco considera, según detalló en un comunicado, que el primer borrador de este plan de dinamización "prevé aprovechar la transposición de la Directiva europea de liberalización de servicios para abrir la mano a la llegada de más grandes superficies y tiendas de descuento duro en todo el Archipiélago, con la excusa de posibilitar una mayor competencia en los mercados".
En el documento que el pasado martes entregó a los agentes económicos y sociales de las Islas, el Ejecutivo refleja su intención de "optimizar la transposición" de la norma comunitaria, lo que producirá "mejores oportunidades para los consumidores mediante el acceso a servicios de mejor precio y mayor calidad, mejorará el acceso al mercado de los operadores económicos y ofrecerá mayor transparencia".
Ahora bien, el efecto que pretende conseguir el Ejecutivo con esta medida será "el contrario", según Coreco. La patronal regional lamentó, además, que sus responsables "no se hayan reunido con el sector comercial para analizar estas medidas, dada la amplia participación de éste, por sí solo, en el empleo y el PIB regional".
El comunicado de Coreco añade que la "amenaza" de abrir de nuevo la mano a la llegada de más grandes superficies, centros comerciales y tiendas de descuento duro "pone en peligro la supervivencia de los cerca de 40.000 establecimientos y 160.000 empleos que tiene el comercio canario y, a la vez, retrae la inversión, en cuanto que ningún comerciante puede pensar en invertir si no tiene un marco legal estable que garantice el equilibrio de la oferta comercial entre grandes y pequeños".
Además, los comerciantes aseguran que ya se ha demostrado con el Estudio de Carga Comercial de Canarias realizado por el Gobierno autónomo a encargo del Parlamento, "que la instalación masiva de grandes superficies desde 1994 había provocado la concentración de la oferta comercial, sobre todo en alimentación, destruyéndose el tejido comercial y aumentando los precios", algo que está reconocido, apuntan, "en el propio Preámbulo de la Ley 10/2003, de Licencia Comercial Específica".
Esta patronal indica también que para reactivar la actividad comercial debería haber más compromiso en el apartado fiscal, no sólo revisando el Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM) "para que no grave productos que no se fabriquen en Canarias", sino afrontando "la suspensión del mismo o la reducción de sus tipos, junto con los del IGIC, en la importación de los productos más demandados por los canarios, medida que sí contribuiría de manera efectiva a abaratar la cesta de la compra", que es el objetivo del Gobierno.
La Consejería autonómica de Economía y Hacienda, impulsora del documento, eludió ayer entrar en debates acerca del mismo, y reiteró el carácter "consensuado" de este paquete de medidas, que cuenta con el visto bueno de las dos confederaciones empresariales del Archipiélago, apostilló.
Por su parte, el presidente del Ejecutivo autónomo, Paulino Rivero, recalcó ayer en Las Palmas que este "plan de choque" se ha elaborado "con la sociedad" y que "no es un plan del Gobierno", sino un trabajo conjunto de éste y los diferentes agentes económicos y sociales, informó ACN Press.
Asimismo, Rivero dio por hecho que estas medidas "no van a resolver la desaceleración porque tiene que ver con una economía globalizada", pero sí "atenuarán su impacto" priorizando a "las personas y la inversión".
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