El ayuntamiento se gasta seis millones en el García Cabrera para que esté cerrado

C. ÁLVAREZ, S/C de Tenerife

Seis millones de euros ha costado la rehabilitación del IES Hermanos García Cabrera de Ofra, instalación prevista para albergar a los más de 300 funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz que actualmente trabajan en el edificio de General Antequera. Todavía no se ha ocupado el antiguo instituto, ni siquiera se han determinado definitivamente los servicios que albergará, aunque se sabe que se instalarán oficinas descentralizadas del distrito de Ofra, incluyendo la sede del tagoror. La situación es tal que faltan pintar los aparcamientos y abrir una puerta para acceder por una escalera al archivo.

Asimismo, está contemplado en el proyecto que se ubique en una parte bien diferenciada el Negociado de Prevención de Riesgos Laborales, en el cual habrá unas dependencias de lo más modernas y con todos los equipos necesarios, mejorando notablemente las instalaciones que actualmente se ocupan en la calle Numancia.

Las reformas realizadas en el IES Hermanos García Cabrera no fueron concebidas para hacer del edificio la sede definitiva donde trabajarán los funcionarios, sino que son unas dependencias temporales, ya que el ayuntamiento espera concretar un Plan de Sedes que permita a la Corporación contar con un edificio donde ubicar y centralizar a sus funcionarios.

Protesta sindical.- Los sindicatos no se posicionaron en contra del traslado, tras notificar la Corporación su intención de "mover" a los trabajadores al barrio de Ofra habida cuenta de los informes realizados que arrojaban que las condiciones en que se encontraba el edificio de General Antequera eran deficitarias.

Tras los trabajos de mejora del IES Hermanos García Cabrera, nuevamente los sindicatos volvieron a poner pegas a su traslado argumentando que las obras dejaban mucho que desear y pusieron como ejemplo que las dependencias que albergan el archivo de documentos municipales no contaban con una puerta de salida y que al citado recinto donde se guarda documentación sólo se podría acceder en ascensor.

Y no se ha terminado.- Según técnicos municipales, "el edificio que albergó en su día el instituto Hermanos García Cabrera se ha rehabilitado y no será la sede definitiva. Faltan por pintar las líneas que delimitan los aparcamientos y abrir un acceso con una puerta donde están los archivos, así como otros retoques. El edificio cumple con la normativa vigente".

Los sindicatos denunciaron que "no es que nos neguemos al traslado, sino que queremos trabajar en condiciones", aludiendo a que las mesas y las sillas estaban muy pegadas y no había sitio para estar holgados, así como que la cafetería era demasiado pequeña para la cantidad de funcionarios, a lo que los responsables de la obra de mejora respondieron que "no se va a dar la coincidencia de que los 300 funcionarios acudan a desayunar todos juntos y a la misma hora a la cafetería".

Técnicos municipales apuntaron que el edificio ha sido rehabilitado cumpliendo la normativa legal vigente, con una cafetería, además de tener sitio suficiente y luminosidad. También hay que tener en cuenta que los trabajadores estarán en Ofra hasta que se defina su nuevo emplazamiento", añaden estas fuentes.

Tras la polémica, la concejala responsable de determinar la sede donde trabajarán los funcionarios, Esther Sarrautte, se puso manos a la obra, y ante la protesta de los sindicatos en cuanto a la posibilidad de traslado a Ofra, buscó alternativas al Hermanos García Cabrera. Actualmente se estudia que la sede de la Tesorería de la Seguridad Social, en la calle General Gutiérrez, pueda ser el edificio más idóneo por estar bien comunicado y en el centro.

Las preguntas de Ciudadanos.- Ciudadanos de Santa Cruz anunció hace unos días su intención de presentar por vía interna dos preguntas sobre el llamado "caso Hermanos García Cabrera", que provocó "la primera comisión de investigación de la democracia al adjudicarse la reforma a dedo y bajo la figura de obras menores". Ciudadanos cree que los vecinos desean saber "cómo se han podido pagar unos seis millones de euros por la reforma adjudicada a Imes-Api" y también considera "un escándalo" que no se haya aportado a la comisión el presupuesto "porque los ciudadanos tienen derecho a conocer lo ocurrido".