ACN/M.G., S/C de Tenerife
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno regional, Domingo Berriel, desdramatizó ayer la situación por la que atraviesa Lanzarote después de que, durante los últimos años, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) haya anulado hasta 22 licencias de hoteles por vulnerar la moratoria turística. A juicio de Berriel, estas sentencias judiciales deben ser analizadas "caso por caso" y -al menos por lo que el consejero conoce de su contenido- no supondrán el derribo de los complejos hoteleros.
De esta manera, el responsable autonómico de Medio Ambiente se refería a la información publicada ayer por el periódico "El País", en la que la Isla es definida como una Marbella emergente. "Hay que estudiar una por una las sentencias, que tienen soluciones jurídicas", apuntó Domingo Berriel. Según el consejero -que admitió conocer algunos de los fallos judiciales "por encima"-, se trata en su mayoría de "cuestiones formales susceptibles de corregir".
En este sentido, Berriel considera posible "retrotraer el expediente y arreglar lo que la sentencia entiende como incorrecto". Por ello, "sacar otro tipo de conclusiones más determinantes, como que hay que tirar los hoteles o incluso adoptar medidas legislativas, no se ajusta a la realidad". El consejero no tiene la percepción de que vayan a producirse derribos. "No sería correcto ni bueno para el interés general y sería exagerado pensar que ésa es la consecuencia de los fallos judiciales", apostilló.
"Otra cosa sería que los hoteles se hubieran construido en espacios naturales o en el dominio público marítimo terrestre; en esos casos habría que restituir necesariamente el orden físico perturbado", explicó Domingo Berriel.
Similar opinión mantienen algunas de las instituciones afectadas. Así, el Cabildo lanzaroteño ha emitido una nota en la que rechaza el "paralelismo" entre Marbella y la Isla, "dado que los distintos gobiernos insulares han actuado siempre como garantes de la legislación urbanística y todos han respaldado las sucesivas normas destinadas al control del crecimiento turístico", sostiene la corporación.
Compensaciones
El grupo de gobierno del Cabildo se reafirma en su decisión de "afrontar de forma constructiva la situación y tratar de que el sector turístico y la imagen de la Isla no se vean afectados". Por ello, insiste en la necesidad de "legalizar las incorrecciones detectadas en los establecimientos siempre que la ley lo permita y con las consiguientes compensaciones al interés general".
Por su parte, la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, se ha referido a "un ensañamiento ilógico" que no beneficia a la búsqueda de soluciones, mientras José Dimas Martín, el regidor de Teguise, aboga por "consolidar las zonas turísticas". Desde los consistorios aludidos se insiste en la repercusión negativa de esta información para ambos municipios. "Evidentemente bueno no es, máxime cuando ya hemos tenido tres reuniones con la presidenta del Cabildo para reconducir la situación y parece que en un horizonte no muy lejano llegaremos a un acuerdo con todos estos pleitos", explica Acuña, que afirma que "hay varias opciones encima de la mesa" y ninguna de ellas incluye los derribos. El alcalde de Teguise considera "una locura acometer ahora algún tipo de demolición" y es partidario de que los hoteles sigan adelante si están en obras y de consolidar las zonas turísticas.
Las declaraciones a El País del consejero insular de Turismo, Carlos Espino, han despertado las críticas del PP. El diputado Cándido Reguera ha acusado al socialista de provocar con ellas "la cancelación de actos y convenciones que se iban a celebrar en Lanzarote" y de perjudicar, por lo tanto, los intereses turísticos de la Isla.
© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. |Aviso legal | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD
