CARMEN SANTANA, S/C de Tfe.
"La desaceleración de la tasa de crecimiento del PIB de la economía canaria en el segundo semestre de 2007 y los indicadores correspondientes a los primeros meses de 2008 apuntan cada vez más a una situación crítica, cuya tendencia es preciso contrarrestar si queremos disminuir los efectos de la misma en los niveles de bienestar de las personas".
Esta advertencia figura en el informe "Situación, perspectivas y objetivos frente a la desaceleración de la economía canaria" que hoy estudiará el Consejo Asesor del Presidente del Gobierno autónomo, que se reúne en Las Palmas, después de que fuera sometido ayer a estudio por parte de la comisión permanente del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias. "En España, los datos correspondientes a los dos primeros meses de 2008 apuntan hacia una desaceleración algo más pronunciada de la actividad respecto de la que se produjo a finales del año anterior, en un entorno en el que se intensificaron las tensiones en los mercados financieros internacionales. Como partícipe de la economía española, la canaria también muestra signos de desaceleración, sobre todo en el sector de la construcción y la demanda interna", se argumenta en la introducción del informe, que deja claro que "la previsión de crecimiento para 2008 se sitúa cerca del 2,4% y no son descartables nuevas revisiones a la baja en función de cómo evolucionen los mercados financieros internacionales y sus repercusiones en la economía española en general y el sistema crediticio en particular. Si no se reactiva el consumo, será difícil recuperar la inversión, lo que dificultará recomponer la tasa de crecimiento del PIB", apostilla.
Hay que precisar que el documento, que consta de 21 páginas, refunde un primer borrador del Plan de Dinamización propuesto por el Gobierno autónomo frente al parón de la economía del Archipiélago, con las observaciones formuladas por los distintos agentes económicos y sociales de las Islas, "por lo que tiene un contenido sintético en la mayor parte de las medidas propuestas".
"La solución para evitar que la espiral inflacionista reste competitividad a nuestra economía agravando más el problema de la desaceleración -concluyen los autores del informe-, es que se produzcan transferencias de renta desde las administraciones públicas a los ciudadanos, sobre todo en los tramos más bajos, lo cual, si se quiere hacer en condiciones de eficiencia, implica proceder a nuevas rebajas fiscales y a un control del crecimiento del gasto público corriente ajustándolo al PIB nominal".
El Gobierno de Canarias, ante esta realidad, se plantea como objetivo general reactivar la actividad económica, actuando sobre todos y cada uno de los componentes generadores del PIB, desde la perspectiva de la demanda, tanto interna como externa (consumo privado, inversión bruta, gasto público y exportaciones), a través de cinco objetivos, para cuya consecución se fijan acciones y medidas concretas.
Los redactores del documento hacen constar de manera expresa que "ante esta panorama económico actual, el Gobierno de Canarias no quiere permanecer impasible y, aun dentro del nulo margen de maniobra para influir en las decisiones nacionales de política económica, sí quiere llamar la atención al Gobierno de la Nación sobre las consecuencias de un erróneo análisis de la situación y, sobre todo, proponer a los agentes económicos, sociales y al conjunto de las administraciones públicas canarias un conjunto de acciones y medidas que estimulen el crecimiento económico". En el documento se proponen algunas medidas cuya realización no depende de la Consejería de Economía y Hacienda, sino de otras Administraciones Públicas, por lo que en la actual fase de redacción no se ha podido concretar la fecha de su puesta en marcha.
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Acciones fiscales y dinamizadoras
Paliar los efectos negativos de la actual situación económica sobre el consumo privado con medidas fiscales y vía control de la inflación es uno de los cinco grandes objetivos que se marca el documento, que también contempla acciones para el fomento de la inversión y del entorno empresarial, la racionalización del gasto público, el impulso de las exportaciones y la mejora de la eficiencia de los mercados de bienes y servicios "penalizando las situaciones que vulneren la libre competencia".
Para estimular el consumo privado se plantea, en el plano fiscal, modificar la Ley del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo con la finalidad de devolver el 7,5% del impuesto del gasóleo profesional al sector del transporte, agricultura y pesca, lo que representa una disminución del tipo impositivo desde 102,66 euros/1.000 litros a 94,96 euros/1.000 litros. Asimismo, se propone disminuir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para determinadas operaciones relacionadas con la adquisición de vivienda habitual; incrementar las deducciones en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF); reducir de manera progresiva el Impuesto de Patrimonio mediante la elevación del mínimo exento, desde el vigente en la actualidad, situado en 120.000 euros, hasta 180.000 euros en el año 2012, y simplificar la gestión del IGIC a través de la homogeneización de tipos, "sin merma de la recaudación".
El documento, también de cara a recuperar el consumo privado, llama a hacer un seguimiento de la evolución de los precios de consumo final en Canarias. En este contexto, se propone crear un grupo de trabajo de seguimiento de precios y prestar especial atención a las ayudas REA y al AIEM.
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