La pugna entre las Islas y el Estado demora el pago a los dependientes

DORY MERINO, Tenerife

La Ley de Dependencia fue aprobada el pasado año, pero en Canarias nadie ha cobrado todavía estas ayudas. Mientras que la diputada regional del PSOE, Francisca Luengo, acusó ayer al Gobierno de Canarias de "jugar con el sufrimiento humano" al retrasar la aplicación de esta ley y mantener desinformada a la población sobre las prestaciones a las que tiene derecho, la directora general de Bienestar del Gobierno de Canarias, Araceli Sánchez, aseguró que el Estado "está convirtiendo una buena ley en un nefasto Sistema Nacional de la Dependencia, porque vulnera el principio de igualdad entre comunidades autónomas".

Luengo recordó en rueda de prensa que todas las familias con personas dependientes, al margen de su nivel de renta, tienen derecho a prestaciones que van de los 506 a los 811 euros mensuales.

"Pero muchas no lo saben y ninguna está percibiendo la ayuda, debido al retraso de nueve meses del Gobierno de Canarias en aprobar dos reglamentos imprescindibles para que los 6.402 grandes dependientes puedan ejercer sus derechos".

En cambio, para Araceli Sánchez, "el Gobierno del Estado debía completar la normativa de la Ley de Dependencia con los decretos que la regulan y, a día de hoy, el Estado aún no ha publicado el decreto por el que se regula la capacidad económica de la persona dependiente, por lo que no podemos saber la cuantía de la prestación que al final va a percibir el beneficiario, ya que el Estado no ha regulado el concepto de capacidad económica".

Y añadió: "Sin este decreto no se pueden estipular las cuantías de las prestaciones a las personas dependientes, por lo que no sé cómo la portavoz socialista en el Parlamento puede decir cuánto dinero se debe o no se debe pagar".

Luengo pidió la dimisión de la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, a la que definió como "consejera de malestar social" debido a su insensibilidad con las "personas indefensas" que tienen derecho a estas ayudas.

Animó a todas las familias con dependientes a que reclamen esas ayudas a la Comunidad Autónoma, administración que está obligada a aplicar la ley, para lo que recibe financiación del Estado.

Dijo que las prestaciones a los grandes dependientes pueden ser de 506 euros mensuales y alta en la seguridad social para los familiares cuidadores; una plaza pública en un centro residencial público; 811 euros mensuales para costear una residencia privada, o bien 811 euros al mes para un asistente personal.

"En Canarias no se están dando estas prestaciones, como ocurre en el resto de comunidades, porque el Gobierno canario, intencionadamente, no facilita la información a los ciudadanos y no ha aprobado los reglamentos imprescindibles" de desarrollo de la ley.

Añadió que "algunas comunidades, y sólo de forma testimonial, han empezado a pagar debido a la presión que está ejerciendo el PSOE hacia la opinión pública, y han decretado sin esperar a la legislación básica", apuntó la directora general de Bienestar Social.

"El Estado está propiciando la creación de 17 sistemas de dependencia diferentes y se puede dar la paradoja de que una persona dependiente con el mismo grado y con los mismos ingresos pueda cobrar distintas prestaciones, según viva en Galicia o en Madrid", continuó Sánchez.

Destacó que, hasta el momento presente, un total de 12.056 personas han solicitado acogerse a las ayudas contempladas en el nuevo sistema de la Dependencia y la Autonomía Personal. De ellas, 7.609 personas han sido valoradas, lo que supone un 65% de las solicitudes que se han presentado. A fecha 3 de marzo se han notificado 1.509 resoluciones de grandes dependientes, los llamados de grado III.

Por otro lado, también se han valorado y reconocido a 200 personas con dependencia de grado II, es decir, aquellas personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, dos o tres veces al día, pero que no requieren la presencia constante de un cuidador.

Pero, en declaraciones de Francisca Luengo, "nada impide al Gobierno de Canarias cumplir la ley", puesto que la legislación estatal está aprobada desde el mes de junio, subrayó, y además, sólo han sido valoradas 1.130 personas.

Por último, Araceli Sánchez recordó que "de cada 100 euros que se invierten en el Archipiélago en materia de dependencia, 95 los aporta Canarias".