¿Para cuándo la liberalización de la ITV?

EN EL MES de mayo del año pasado, el Gobierno autonómico canario hizo efectiva, al fin, mediante un decreto, la liberalización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Un sueño, un deseo y, sobre todo, una necesidad que numerosos colectivos, empresarios y usuarios tenían pendiente de hacer realidad. Pero la alegría duró poco tiempo; ya que, como ustedes sabrán, dicho proceso de liberalización permanece aún hoy bloqueado; entre otras razones, por la oposición de ciertos sindicatos a dicho decreto, aduciendo que dicha medida pondría en peligro la precariedad de las condiciones laborales de los trabajadores de las mencionadas instalaciones, al mismo tiempo que alegan que facilitaría los despidos e incluso repercutiría negativamente en la propia seguridad vial (?)

Y eso que el decreto había obtenido el informe favorable del propio Consejo Consultivo de Canarias, que había apoyado el adelantamiento del proceso de liberalización de las distintas ITV existentes mediante el definitivo establecimiento del régimen de autorización administrativa porque creían, y somos muchos los que seguimos creyendo, que con dicho decreto lo que se obtendría es el aumento del número de operadores que pudieran prestar dicho servicio y, por consiguiente, que saldríamos ganando todos al elevarse la competitividad e, incluso, habría más puestos de trabajo cualificado mejorando, por descontado, el servicio que se prestaría al ciudadano.

No es bueno que existan oligopolios en temas que afectan directamente al bolsillo del contribuyente. No es bueno que dos empresas se repartan las 14 estaciones que existen en el Archipiélago ya que, al final, estas empresas terminan imponiendo a los usuarios sus propias normas, sus criterios e incluso sus conflictos internos (acuérdense de lo que tuvimos que padecer y sufrir a raíz de la última huelga que los empleados de las ITV llevaron a cabo no hará mucho tiempo).

Pero si hay alguien empeñado en desbloquear esta situación es, sin duda, el presidente de la Federación de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de la provincia tinerfeña (Femete), José Luis García Martínez, quien se ha entrevistado con el presidente del Gobierno de Canarias para transmitirle la inquietud que existe en el sector, por los graves daños y perjuicios, que, sin duda, está ocasionando la suspensión cautelar del decreto de liberalización. Por su parte, el señor Paulino Rivero le ha asegurado que pondrá todo su empeño en desbloquear dicha situación; incluso ha aceptado la posibilidad de estudiar la elaboración de una nueva ley que sustituya a la anterior. De todas formas, este es un compromiso que necesariamente han de asumir todos los partidos políticos en el menor tiempo posible ya que se está dañando seriamente los intereses de determinados empresarios canarios que habían invertido, no sólo tiempo y dinero, sino que también habían llevado a cabo distintos proyectos para la instalación y puesta en marcha de nuevas ITV.

Por ello, Femete, que desde su creación, allá por 1979, no ha hecho otra cosa que defender los derechos y los intereses de sus asociados, es quien tiene la fuerza moral, la razón económica y la credibilidad empresarial necesarias para exigir que se desbloquee esta situación porque, en definitiva, lo que se busca es que, mediante la competencia, se generen mejores ofertas, mejores precios e incluso una mejor atención al cliente; en definitiva, la competitividad siempre termina generando riqueza y beneficios sociales. Y Femete está apostando, con esta y otras iniciativas, por hacer del sector del metal y las nuevas tecnologías el verdadero motor de la economía canaria, que no deja de ser una excelente forma de apostar por el futuro de todos los canarios.

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