El nuevo gobierno

UNAS ELECCIONES GENERALES, aunque no desemboquen en la aparatosidad de la alternancia, siempre provocan expectativas de vistosos cambios que a veces se confirman y a veces no. En esta ocasión, lo cierto es que las incógnitas son objetivamente escasas. Los resultados de la consulta del 9-M han reforzado la mayoría relativa del partido dominante, de forma que con sólo siete escaños consigue mayoría absoluta en la Cámara Baja; han simplificado grandemente el abanico parlamentario, en el que en principio sólo habrá, además de los grupos del PSOE y el PP, un grupo catalán, otro vasco y el mixto (aunque cabe la posibilidad, sugerida por Zapatero, de que IU y ERC intenten formar conjuntamente un extraño grupo); y el líder socialista ha despejado una de las dudas principales al confirmar que Fernández de la Vega y Solbes seguirán siendo vicepresidentes del Gobierno, éste último con un control prácticamente absoluto del área económica.

Han bastado sin embargo unas declaraciones ambiguas del presidente del Gobierno al término de la cumbre europea de Bruselas y antes de retirarse unos días a Doñana para que se desatara un sinfín de especulaciones, que ya están en los medios (probablemente, impulsadas más por el morbo periodístico que por la curiosidad genuina de la opinión pública). Zapatero ha anunciado algunos cambios y se ha marcado cuatro grandes objetivos que el futuro gobierno debe perseguir: que la economía funcione, que se cree empleo sobre todo femenino, que avancen la modernización y la innovación en España y que se ganen posiciones en política social y en integración; de estas pautas y de su explícito deseo de lograr un Ejecutivo "más funcional", los medios, inducidos por algunos portavoces más o menos fiables, han deducido la posibilidad de que el futuro gobierno tenga tres áreas y no dos: la política, coordinada por Fernández de la Vega; la económica, que incluiría la política energética y la lucha contra el cambio climático, a cargo de Solbes, y la social, que quedaría a cargo de Caldera. Este desdoblamiento tiene sentido porque es conocido que el todavía ministro de Trabajo, tan cercano a Zapatero y coordinador del último programa socialista, no ha logrado desde su Ministerio una buena sintonía con Solbes, en cierto modo porque es natural la tensión entre un Departamento dedicado preferentemente a la redistribución y otro encargado sobre todo de la recaudación. Por lo demás, circulan por los mentideros las consabidas "quinielas" de ministros y cargos, que tratan de vincular los ineludibles equilibrios territoriales -vascos y catalanes, que tanto han hecho en pro de la victoria de Zapatero, deberán ser recompensados- con las especialidades y las ubicaciones personales de los diferentes candidatos.

Con independencia de todos estos rumores y especulaciones, que tienen un tufillo inconfundible a prensa rosa, la ocasión es idónea evidentemente para proceder a una racionalización interna de las burocracias administrativas. Después de la segunda descentralización en marcha, fruto de la reforma de los Estatutos de Autonomía que concluirá en esta próxima legislatura, diversos Departamentos ministeriales quedarán prácticamente vacíos de competencias ejecutivas, aunque hayan de mantener su no menos importante papel coordinador y normativo (es el caso por ejemplo del Ministerio de Sanidad y Consumo o del de Educación). En consecuencia, parecería natural establecer dos rangos ministeriales, además de las vicepresidencias, en lugar de uno solo. Al propio tiempo, habría que clarificar el papel de los secretarios de Estado, que quizá podrían quedar equiparados a este segundo nivel ministerial.

No es ocioso recordar que sea cual sea la reestructuración gubernamental que finalmente prospere, seguirá estando pendiente la siempre postergada -prácticamente, desde los albores democráticos- reforma de la administración pública, que adolece de vicios bien conocidos y padece los problemas habituales que merman su productividad y producen una fuga incesante de buenos trabajadores hacia el sector privado. En algún momento habrá que afrontar este designio, que para ser realista y útil habría de abarcar los tres niveles políticos -el de la administración central, el autonómico y el municipal- y debería incluir criterios de armonización -y no sólo salarial- que evitarían conflictos previsibles y hasta cierto punto justificables como el que afecta actualmente a los funcionarios judiciales.

En suma, no es demasiado relevante ni la forma del Ejecutivo ni ofrece demasiados márgenes de variabilidad su composición cuando Zapatero la anuncie tras la sesión de investidura -que será probablemente el 7 ó el 8 de abril-. Más importante en cambio sería el acometimiento de esta siempre aplazada reforma de la administración, que también forma parte del repertorio incluido en el manoseado concepto de modernización del país.