Sucesos de Hermigua en 1933

EL 22 DE MARZO DE 1933 es un día que ha quedado muy grabado en la memoria del pueblo gomero de Hermigua. Como consecuencia del empeño de los poderes caciquiles en que los obreros no pudieran defender sus derechos como trabajadores, surge una desavenencia entre ellos y los empresarios, al éstos ver en peligro el poder dominante que querían mantener sobre aquellos. Desde varios años antes se construía la única carretera que unía la capital de la isla, San Sebastián, con Vallehermoso, paralizada en julio de 1932 por dificultades y presiones que intereses fácticos ejercían para impedir que los obreros de organizaciones sindicales trabajaran en la obra. Concretamente la Federación Obrera de Hermigua tenía sindicados a unos 450 obreros, de los que más de 300 estaban desempleados, trasladando aquella la queja correspondiente al gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife, quien gestiona que al menos unos 100 sean admitidos a trabajar para paliar la penuria y pobreza por la que atravesaba un pueblo en el que ya de por sí existía un paro muy alto. El Gobierno Civil así lo comunica a empresarios y obreros, con lo que éstos se presentan a trabajar en la carretera el 19 de marzo. El capataz, obedeciendo instrucciones del empresario Ramón Plasencia, se opone a la orden del gobernador y no los admite, con lo que éste reitera su petición mediante telegrama el 20 y 21.

Los trabajadores, campesinos en su mayoría, al no ser admitidos al trabajo, regresan a sus casas del Valle Alto, soportando algunas risas y burlas a su paso por el núcleo urbano de Hermigua. Hay que tener en cuenta que los hábitos caciquiles en La Gomera siempre estuvieron muy arraigados en determinados sectores de la isla, que con ello conseguían más beneficios a costa del abuso en horarios y salarios, con la amenaza siempre de que si no aceptaban les esperaba el hambre, una coacción que esa vez tropezó con la postura muy unida de la Federación Obrera, que acuerda convocar una huelga general para el 22 de marzo, aglutinando a muchos trabajadores que bajan a través del valle en dirección al mar. A su paso por el cuartel de la Guardia Civil, el cabo Antonio Fuentes intenta disolver a un grupo de obreros, cuando el paro ya era total en todo el municipio, uniéndose incluso las familias a los trabajadores. Fuentes se alinea con el sector caciquil y acepta de Ramón Plasencia un camión para transportar desde Agulo a guardias civiles que tropiezan sobre las dos de la tarde con una barrera de trabajadores y sus mujeres. Éstas protestan ante el cabo diciéndole que "sólo queremos trabajo para nuestros maridos y pan para nuestros hijos". Repentinamente, Fuentes da órdenes de cargar y él mismo comienza a disparar contra una multitud que, alarmada y despavorida, rodea a los guardias y se produce tal forcejeo entre unos y otros que fallece el cabo, un guardia y un obrero. Entre tanto se trasladan desde Santa Cruz de Tenerife en el correíllo "Viera y Clavijo" 37 guardias civiles al mando del teniente coronel Vara Terán, militares y policías.

El cuartel de San Carlos de la capital tinerfeña acogió el consejo de guerra por tales hechos, actuando de fiscal Martínez Fusset, clave al igual que Vara Terán por el apoyo a Franco en el golpe de Estado. Los abogados defensores (en la foto) fueron Sebastián Castro (Tenerife), Aurelio Ballester (Tenerife), Juan Simeón Vidarte (Madrid, diputado del PSOE), Luis Jiménez de Asúa (Madrid, diputado del PSOE y presidente de la República en el exilio), Luis Rodríguez Figueroa (poeta y diputado de Izquierda Republicana, desaparecido el 21-10-1936), Benigno Mascareño (Tenerife), José Arozena (Tenerife) y José Carlos Schwartz (gobernador civil y alcalde de Santa Cruz de Tenerife de Izquierda Republicana, desaparecido el 2-10-1936). Unos fueron condenados a muerte y otros a prisión, hasta que la Ley de Amnistía de la II República los pone en libertad en febrero de 1936, aunque luego 18 serían desaparecidos por la dictadura franquista.