Fiabilidad electoral en entredicho

... Según informaban todos los periódicos el sábado 8 de marzo, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) había hecho un informe sobre las elecciones generales que se celebran en España que ponía los pelos de punta. En esencia, venían a decir los observadores, el sistema español no ofrece garantías, la credibilidad está cogida con alfileres y si la cosa funciona es por la buena fe de la gente, que es muy confiada. Millones de papeletas sin control, votos destruidos nada más ser anotados, escaños que pueden costar desde 140.000 votos a sólo 30.000, y el organismo encargado de velar por el proceso se reúne en secreto. Éstas eran algunas de las "perlas" del informe. Ahora se entiende mejor lo que ha pasado en Tenerife con el "baile" del senador de CC y el PP. Algo tan increíble como que en Los Realejos no apareciera ningún voto a favor del candidato del PP en las cifras anotadas por la Junta Electoral sólo es entendible en ese contexto de discrecionalidad que denuncia con mucho tacto la OSCE. Quizás sea la hora de decir en público algunas personas que han estado en mesas electorales han visto en algún momento y luego se lo ha contado en secreto a alguien: hay mesas electorales donde, si las cifras de votantes del registro no coinciden con el número de papeletas y, tras varios recuentos siguen sin cuadrar, llegan a un acuerdo entre todos sus miembros para que cuadren y poderse ir a casa a dormir. Ése es el sistema que tenemos en España y el que, tal vez, explique un fenómeno un tanto sorprendente: éste es el país del mundo digamos civilizado donde más temprano se dan datos oficiales en unas elecciones y donde menos horas dura el escrutinio. Ahora hay motivos para sospechar que se saltan -si es que existen- algunos controles.

... Este periódico comprobó esta semana la discordancia de los datos oficiales: la suma de los votos de cada partido, municipio por municipio, coincidían con el total de la isla, pero la suma de las islas no daba el mismo total provincial que figuraba en la web del Ministerio del Interior. Fue imposible que alguien respondiera a nuestras dudas desde la Subdelegación del Gobierno ni el ministerio por más intentos que se hicieron. Consultados dos partidos políticos, uno dijo que algo no les cuadraba a ellos y otro, que lo investigarían. Pues bien, lo ocurrido con el senador por Tenerife bien merece una investigación a fondo. Y no porque alguien pueda haber actuado de mala fe. Simplemente, para averiguar cómo se pudo producir un fallo tan ostensible.