EEUU está atento a las cuentas de funcionarios venezolanos

S. ESPECIAL, Caracas

La comunidad financiera de Miami está muy pendiente del "caso del maletín" y sus consecuencias. Los rumores de posibles requerimientos de información sobre individuos relacionados con el Gobierno de Venezuela que tienen cuentas bancarias en Florida son crecientes. "Los rumores son constantes y se derivan de posibles arreglos de los acusados con el fiscal. Se dice que podrían solicitarnos información sobre nuestros clientes en cualquier momento", confirmó una fuente del sector financiero en Miami.

Estos "posibles acuerdos" se habrían dado tras la decisión del abogado Moisés Maionica, que el 25 de enero se declaró culpable de haber actuado como agente secreto del Gobierno de Caracas en suelo estadounidense sin previa notificación a las autoridades de este país, como exige la ley.

La colaboración con la Fiscalía se verá reforzada además por el testimonio de otro de los acusados, Carlos Kauffman, quien también se declaró culpable el pasado viernes.

"Si el Departamento de Justicia sospecha que gente de Pdvsa, la Disip y otras instituciones venezolanas están invirtiendo en Florida, pueden pedirnos información porque se trataría de corrupción administrativa", señala la misma fuente, y recuerda que desde los ataques terroristas de 2001, los procedimientos para asegurarse de que los clientes no tengan vínculos con gobiernos extranjeros se han reforzado a través de la figura llamada: "Persona Expuesta Políticamente" (PEP sus siglas en inglés).

El término PEP describe a individuos que son oficiales de gobiernos extranjeros, pero también puede incluir a sus familiares o socios.

En esta lista de PEP figuraban Kauffman y su socio en la compañía Venoco, Franklin Durán, quien continúa a la espera de juicio junto al uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello, acusados de actuar como agentes encubiertos del Ejecutivo de Chávez y presionar al empresario Guido Antonini Wilson para que escondiera el origen y destino de los 800.000 dólares que le incautaron en agosto en Buenos Aires, y que según el fiscal Thomas Mulvihill eran para la campaña de Cristina Kirchner.