Un experto afirma que los inmigrantes no suben el gasto sanitario en las Islas

DORY MERINO, Tenerife

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL) José Luis Rivero Ceballos afirmó ayer en la mesa redonda "El reto de la evolución demográfica" que el gasto sanitario derivado del crecimiento poblacional en Canarias no se debe a los inmigrantes, "porque son jóvenes y demandan menos servicios que los mayores o los niños".

Así lo indicó Rivero en su disertación sobre "Territorio y ordenación", dentro del encuentro organizado por el Gobierno canario para debatir y presentar propuestas a la Unión Europea (UE) sobre la evolución demográfica en las Regiones Ultraperiféricas (RUP).

Este experto señaló que la economía de Canarias, como la del resto del territorio nacional, atraviesa un momento de crecimiento moderado. En este sentido, la comisionada de Acción Exterior del Ejecutivo canario, Elsa Casas, manifestó en rueda de prensa que "los expertos apuntan a que el crecimiento de la población está muy ligado al crecimiento económico", porque la población foránea "viene atraída por motivos laborales".

Servicios más caros por la insularidad.- Elsa Casas, apuntó, sin embargo, que sí podrían pedirse medidas compensatorias a Europa, en cuanto al efecto de la población sobre los servicios esenciales, ya que por las características de insularidad y lejanía del continente los costes son más elevados en las Islas. El Gobierno canario podría plantear a la Comisión Europea la necesidad de disponer de medidas que compensen los costes adicionales que tiene el aumento poblacional en los servicios públicos -como la educación y la sanidad- en el Archipiélago.

Fomento del empleo.- Otro de los puntos del debate se refieren a la puesta en marcha de medidas de fomento del empleo para los residentes canarios. Elsa Casas explicó que se analizarán las "propuestas" que se pueden "plantear a Europa" ya que determinados aspectos como los "efectos en el territorio" y el "empleo" -donde el Gobierno promueve un plan para residentes, independientemente de su nacionalidad o procedencia- son competencia de Canarias. El estudio de estas medidas también forma parte del debate abierto en Canarias a instancia de la Comisión Europea para trasladar propuestas a Bruselas sobre las peculiaridades de las RUP ante el futuro de Europa.

Gestión ineficiente del transporte.- El problema del transporte y la gestión ineficiente que de él se hace en Canarias fue uno de los puntos destacados de la intervención de García Márquez. Precisó que el transporte público ha descendido desde 1990 hasta 2004 de forma considerable y, por el contrario, el coche particular ha mostrado un incremento del 85%, con una ocupación de personas que no llegan al 1,2 por vehículo. Concretó que el coche supone un gasto del 22% de los ingresos mensuales del usuario.

Documento para la UE.- Las conclusiones de esta consulta pública serán la base para la elaboración de un documento con la postura del Archipiélago respecto a estos retos, a través del cual se solicitarán medidas especiales a la UE si existen particularidades en Canarias que se puedan justificar y si se trata de un tema de competencia comunitaria. Una aportación interesante de acuerdo a la legislación lo puso sobre la mesa la profesora de la ULL María Asunción Asín, quien recordó que uno de los derechos fundamentales que recoge el Tratado de la UE es la libre circulación de capitales en todo el territorio y, por lo tanto, la adquisición de bienes inmuebles, lo que podría chocar de frente con limitar las segundas residencias.

Foro de la Inmigración.- Elsa Casas justificó que no haya existido una mesa redonda para discutir sobre los flujos migratorios, "porque existe el Foro Canario de la Inmigración, que será convocado como el marco para este debate", anunció Casas. En referencia a los flujos migratorios, Asunción Asín Cabrera recordó que todavía no existe una política común sobre inmigración en la UE, pero señaló que se camina hacia ese objetivo y "prueba de ello es que cada vez hay más competencias compartidas entre los estados miembros y los órganos de gobierno comunitarios".