Un funcionario de Tenerife II se querella contra la directora por prevaricación

G.M., S/C de Tenerife

David Langa, un funcionario del centro penitenciario Tenerife II que lleva en situación de baja desde que fue agredido brutalmente por un preso en julio de 2006, ha interpuesto una querella criminal por prevaricación, falsedad de documentos oficiales y negligencia grave con resultado de lesiones contra la directora del centro, Ana Isabel Serrano, y otras siete personas pertenecientes al equipo directivo.

Los hechos sucedieron en julio de 2006, cuando un recluso que estaba en régimen de aislamiento supuestamente fue trasladado de módulo sin que se avisara a los correspondientes funcionarios de que se trataba de una persona peligrosa y violenta, teniendo lugar una brutal agresión que le produjo a David Langa graves heridas y numerosas secuelas que, en la actualidad, están siendo valoradas para su incapacidad permanente.

"Mi hijo sufre una atrofia cerebral que le impide regresar a su puesto de trabajo como consecuencia de que el preso lo lanzara de cabeza contra una pared", señala Pedro Langa.

Como es preceptivo, el centro formuló una denuncia contra el preso; sin embargo, se hizo de forma confusa y fue sobreseída por el juez, sin que posteriormente fuera recurrida por la administración del centro para no dejar impune al agresor, por lo que sólo gracias a las denuncias llegadas de los hospitales el proceso judicial finalmente se pudo celebrar.

"Desde el primer momento la dirección del centro ha querido ocultar este asunto, y a mi hijo incluso le han llegado a insinuar que, de continuar, podría haber consecuencias", señala Langa.

Finalmente, el reo fue condenado a tres años de prisión y al pago de 50.000 euros de indemnización. "Sin embargo, y pese a que la sentencia la conoce la dirección de la penitenciaría desde hace más de seis meses, hasta la fecha no se ha abierto ninguna investigación destinada a aclarar los hechos y a depurar responsabilidades internas", señala Langa.

Pero ahí no queda la cosa, porque Langa recuerda que "hemos mandado quince quejas a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias solicitándole que obligue a la investigación de este episodio, pero lo único que nos dicen es que una vez condenado el agresor el caso ya está cerrado, y eso no es verdad, porque quedan asuntos importantes que aclarar como por qué se tomó la decisión de sacarlo del aislamiento y por qué no se le comunicó a los funcionarios".

¿Pago subsidiario?

Por si fuera poco quedaría por aclarar otro tema más: la indemnización económica.

"Un preso es como un huésped que el Estado tiene bajo su protección, de manera que si el reo fue condenado al pago de una indemnización y es insolvente, lo lógico es que sea Instituciones Penitenciarias la que se haga cargo de ello subsidiariamente, pero a nosotros ni siquiera nos han contestado negativamente, así que hemos interpuesto un contencioso administrativo que puede demorarse hasta cinco años", recuerda Langa antes de añadir que "el tratamiento médico nos cuesta hasta 600 euros mensuales y desde el día de la agresión hasta hoy nadie de la dirección se ha interesado por el estado de salud de mi hijo".