EFE, Marbella
El empresario cordobés Rafael Gómez destacó ayer ante el juez del "caso Malaya" que por su detención y procesamiento en esta causa se ha visto obligado a despedir a más de mil trabajadores y se encuentra sumido en una crisis financiera.
En su comparecencia indagatoria, el constructor se ratificó en su primera declaración y aseguró que el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca "nunca le ha pedido dinero a cambio de favores" en el consistorio.
En su declaración, Gómez subrayó que tras su detención en junio de 2006 su "gran preocupación" fue la situación económica de sus empresas y cómo hacer frente a las deudas que mantenía, para lo que necesitaba financiación bancaria.
Según el empresario, para obtener dicha financiación "se dirigió a 31 bancos con los que trabajaba", pero todos "le retiraron su apoyo", por lo que se vio obligado a despedir a más de un millar de empleados y se encuentra en la actualidad "intentando hacer frente a su crisis financiera".
El constructor cordobés aseveró en su comparecencia ante el juez que "nunca ha cometido delito alguno y siempre se ha dedicado a trabajar".
A su salida de los juzgados de Marbella, el procesado destacó la amabilidad del nuevo juez que instruye el caso, Óscar Pérez, y mostró su deseo de que "esto acabe pronto".
Rafael Gómez fue detenido en la tercera fase de la "operación Malaya" contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol y está procesado por un delito de cohecho.
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