Seguridad, libertad y sentido común...

LA SEGURIDAD es un derecho fundamental para una sociedad democrática. Es inconcebible avanzar en materia de libertades individuales si en el contexto de dicho progreso no somos capaces de respaldar ese apreciado objetivo con los mecanismos instrumentales que proporcionen la tranquilidad y la protección necesarias que preserven las desviaciones perversas, las conductas inapropiadas y los abusos de todo tipo, sean practicados por los ignorantes, los marginados o los poderosos. Cuando nos referimos a los instrumentos que son necesarios para que el binomio libertad-seguridad no sea una aspiración siempre frustrada, es inevitable que todos visualicemos mayor presencia policial, en primera instancia, aunque seamos conscientes por su obviedad de que el problema de la seguridad no se arregla sólo con un aumento de efectivos con capacidad represiva, sino también con políticas de progreso social y económico, que aparten de las conductas sociopáticas a muchos/as de los que no son dueños/as de sus impulsos, porque no han tenido a su alcance los modelos adecuados, ya sea en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, o porque han malinterpretado determinados aspectos del sistema, como la desidia, la incompetencia, la imprevisión de los poderes públicos, que pueden propiciar una, no siempre tergiversada, percepción de impunidad.

Las políticas de seguridad, como las de defensa, de servicios esenciales... sobrepasan, ¡deben sobrepasar!, todas las mezquindades y miserias de aquellos/as que detentan las responsabilidades legislativas, administrativas y judiciales. El consenso democrático, el patriotismo constitucional para lo que nos ocupa, la lealtad a un modelo de convivencia en nuestra tierra, que atienda conveniente y razonablemente todos los frentes de esta permanente lucha, que no admite irresponsabilidades, aplazamientos, demagogias u oportunismos obscenos, ¡se imponen!

Desde el Centro Canario Independiente nuestra posición es muy prudente, pretendiendo eludir los defectos ya señalados. La cuestión consiste en determinar la necesidad, pertinencia y viabilidad de un cuerpo de policía autonómico. Si su logro debe formar parte de las prioridades que debemos contemplar en las necesidades de nuestra tierra. Por tanto, establecemos las siguientes consideraciones:

1.- Constatamos que los recursos desplegados por las administraciones que mantienen efectivos policiales en nuestra Comunidad son manifiestamente mejorables. Tanto en lo que se refiere a dotación de medios y personal, como a la concepción del modelo de seguridad que responda a nuestras singularidades territoriales, poblacionales y de dinamismo socioeconómico. Hay muchísimo por desarrollar y mejorar en lo que ya contamos.

2.- Instamos categóricamente a los partidos que actualmente ostentan la representación de la ciudadanía en Canarias a mantener la máxima coherencia y consecuencia sobre esta cuestión. No se pueden comprender ni tolerar posiciones que, fruto del oportunismo y de las coyunturas, produzcan cambios de 180 grados en el sí o el no a una policía autonómica con el descaro y la desvergüenza que denotan tan poco edificantes vaivenes, y que contribuyen a una frivolización irresponsable del debate serio y constructivo que debiera efectuarse, y no se ha hecho, sobre esta trascendente decisión.

3.- La posibilidad de la creación de un cuerpo autonómico en ningún caso debe menoscabar la aceptable y muchas veces encomiable labor que los cuerpos de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) han desarrollado y desarrollan en Canarias. Creemos categóricamente que sus servicios y prestaciones son perfectibles, estando obligado para ello el Estado de derecho a potenciar la independencia jerarquizada de sus estructuras y la tutela judicial de su funcionamiento, que evite cualquier actuación espúrea de lo que no sea el estricto acatamiento de la legalidad a la que se deben.

4.- Creemos que, sin desertar de la aspiración estatutariamente contemplada, de proveernos de una mejor y descentralizada seguridad en base a un cuerpo autonómico, debemos ser conscientes de los onerosos costes que acarrearía, amén de los aspectos técnicos y de gestión política y administrativa cuya complejidad es notoria, lo cual nos obliga a cerciorarnos convenientemente de la oportunidad de esta iniciativa en estos momentos, es decir, ante el reto anunciado... ¿no sería mejor destinar los costes a otras políticas estructurales que, como ya hemos señalado, coadyudarían a prevenir y en todo caso paliar los aspectos colaterales de lo que podría derivar en un desgraciado episodio de "aventurerismo político"?

5.- Desde el realismo que consideramos sustantivo, en estos temas, sí demandamos sin aplazamientos ni cortinas de humo la creación de la Policía Europea de Fronteras, con una sede importante en nuestras islas, dada la urgente necesidad de responder con más medios y determinación política al dramático fenómeno de la inmigración en nuestro entorno, al personificar Canarias la frontera más al sur de Europa.

6.- Desde el pragmatismo y el sentido de la optimización de lo que ya poseemos, proponemos las modificaciones legales necesarias para la creación de una estructura estable en el seno de nuestras corporaciones insulares, para que profundicen en la coordinación, complementación, formación, dotación y adecuación de todos los efectivos de Policía Local de su ámbito. Algo que, sin menoscabar la autonomía municipal, es de sentido común, al considerar que muchos cometidos que ejercen estos agentes podrían ser desempeñados por otros funcionarios, liberándoles de tareas administrativas que les lastran a la hora de servir de garantes de la seguridad más específica de la ciudadanía. Potenciándoles, sobre todo, en su dimensión y aspectos como policías judiciales.

* Presidente del Centro Independiente

de Canarias (CICAN)