La unidad de España y los estatutos de las comunidades

VOLVIENDO LA VISTA atrás, para tirar adelante -como grito del capitán al salir de una trinchera, y no como para convertirnos en estatua de sal-, puede decirse que la historia de España, desde el siglo XIX, ha estado insertada en una problemática crucial sobre su Unidad. Para desandar ese camino de nuestra historia, cuando en 1492 se consuma, después de siglo de resistencia al Islam, la unidad nacional y la unidad religiosa. La Guerra de Independencia abortó el camino de desintegración por cuestiones dinásticas. En las Cortes de Cádiz, con su Constitución de 1812, digna de releerse hoy, el pueblo español encontró, otra vez, la fuerza de su Unidad. La II República reprodujo el fermento nacionalista, contra el que Ortega y Gasset, el propio Azaña -éste tardíamente-, y también Larraz, pretendieron atajar la desvertebración, por vías diferentes de las intelectuales (Balmes o Menéndez Pelayo).

El anterior jefe del estado, general Franco, al fallecer, en 1975, dejó un testamento. Documentalmente, ya se sabía que "las cosas" iban a marchar de manera diferente. Pero también se conoce que, en el fondo, su básica preocupación estaba en la unidad de España. Y así lo expresó en su testamento endosando expresamente esa tarea a su sucesor, don Juan Carlos, que el Rey viene cumpliendo, actualmente, en sus arengas.

En la Constitución de 1978, se formaliza, en el título preliminar, esa indisoluble unidad de la nación (con mayúscula) española, "patria común e indisoluble de todos lo españoles" (art. 2). Hay preceptos que "blindan" -además de lo que los alemanes llaman el "patriotismo constitucional"- aquella unidad, con la fuerza del consenso, y con determinados preceptos (los arts. 3, sobre la lengua; el 4, sobre la bandera; el 8, sobre el Ejército, en relación al 62.4; el 9, sobre las garantías del ordenamiento jurídico, como la seguridad jurídica; el 155, entre otros).

Se crean las comunidades autónomas. Pero, como dice, el Consejo de Estado, en un informe de 2005, a petición del Gobierno, aparece un "estado compuesto", pero no un "estado distinto". Y confirma la doctrina del Tribunal Constitucional, en el sentido de que desde los Estatutos de Autonomía no se puede modificar la propia Constitución. Sin embargo, desde el Gobierno que nace el 14-M-2004 renace (Lola García, en "Heraldo de Aragón") el bloque llamado "Galeuscat" (Galicia, Euskadi, Cataluña). Las brechas que permitieron las lenguas, la educación, las banderas, con las componendas políticas con un partido socialista aliado (Tinell), han permitido transformar los nacionalismos en soberanías.

Se tomó el Estatuto de Cataluña como banderín de enganche para convertir las "nacionalidades" en "naciones", y por mimetismo, la idea confederal no acaba sino en el frente común del "Galeuscat". El propio presidente del poder ejecutivo, en una noche larga en Moncloa, alienta y desborda una traición jurídica y extraparlamentaria -los planteamientos nacionalistas, en forma inimaginable para Maragall-. (Mas, presidente de Ciu, hace unos días, al preguntarle cómo tenía que ser España, contesta: "Si es que tiene que existir").

La pérdida de la unidad de España tiene la grieta de los Estatutos de Autonomía. El Tribunal Constitucional, en la polémica de Aragón sobre los derechos de Valencia sobre el agua, ha dictado una sentencia de 12-12-2007, con cinco votos particulares, por la que se abre el camino de interpretar que los Estatutos y la Constitución son normas cuasiparalelas, hasta el punto de que cabría preguntarse si el Tribunal Constitucional puede anular una función estatutaria que no le es propia, o declarar simplemente que su eficacia se vea en los tribunales ordinarios. Álvarez Conde, Jiménez de Parga y Muñoz Machado ya han alertado de tal "inocentada". Si esa doctrina se confirma, el Estatuto de Cataluña tendría signo de constitucionalidad (Prof. Solozábal).

La batalla electoral de 2008, tan cerrada, pueden decidirla los nacionalistas-socialistas-separatistas. Si esto es así, como expusimos en una conferencia en la Gran Peña de Madrid, las campañas electorales -más allá de la ETA, y de la economía-, pueden resultar inútiles si el pueblo español, titular de la soberanía, no sabe, no quiere o no puede "tensionarse" por una opción patriótica con un rotundo ¡adelante, España!

* Académico. Jurista