COLPISA, Madrid
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, echó más leña al fuego encendido por la sentencia absolutoria del Tribunal Constitucional (TC) a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer. Pumpido afirmó que el alto tribunal busca, con la queja transmitida a Zapatero, "insinuar maliciosamente una inconstitucional e inexistente dependencia (de la Fiscalía) del Ejecutivo". Esa protesta, añadió, es una muestra de "los ataques inesperados" que recibe el Ministerio Fiscal.
Conde-Pumpido no se quedó quieto tras la carta de la presidenta del TC al jefe del Ejecutivo para quejarse de las críticas del fiscal por la absolución de "los Albertos" de un delito de estafa en el conocido como "caso Urbanor". Pumpido se despachó a gusto contra el órgano de arbitraje constitucional, al que recordó que la Fiscalía es "un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial".
El fiscal general quiso subrayar de esta manera que carecía de sentido dirigir una protesta al jefe del Ejecutivo por una actuación suya, salvo que se quiera "insinuar maliciosamente" que existe una relación de "dependencia" entre su institución y el Gobierno, algo que sería "inconstitucional" además de "inexistente". Describió que el Ministerio Público está acostumbrado a los "ataques interesados", pero admitió que en este caso proceden "del lugar más insospechado", el Tribunal Constitucional.
Conde-Pumpido indicó en su intervención que los fiscales están obligados "siempre" a estar "más cerca" de los intereses de "los agredidos que de los agresores, de los estafados que de los estafadores".
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