El Gobierno pule el plan de empleo antes de aprobarlo

CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.

El Ejecutivo autónomo aprobó ayer la Estrategia de Empleo del Gobierno de Canarias 2008 a 2013 tras introducir aclaratorias en el texto final aportadas por los servicios jurídicos de la Consejería de Economía y Hacienda, de Presidencia y Justicia y del Servicio Canario de Empleo (SCE).

El consejero autonómico de Empleo, Industria y Comercio, Jorge Rodríguez, indicó que esas precisiones hacen que el documento sea "más sólido y más cohesionado", con lo que el resultado ha sido una estrategia laboral "genuina adaptada a las especificidades canarias que abren expectativas y resulta creíble".

Las modificaciones también sirvieron para adaptar su redacción final a la legislación comunitaria, por lo que el vicepresidente canario, José Manuel Soria, aseguró que "no hay duda alguna de su legalidad y validez".

Al respecto, Rodríguez, puntualizó que una de esas modificaciones se refirió a la supresión del requisito de la residencia fiscal en el otorgamiento de ciertas ventajas tributarias.

Según detalló, esa parte del documento resultaba incompatible con las leyes de la Unión Europea (UE). "Es un cambio mínimo dentro de las más de 200 actuaciones previstas en el documento", matizó.

En cambio, permanecieron inalteradas las medidas que buscan favorecer el empleo entre los residentes canarios mediante la exigencia de un mínimo de tres años de residencia en las Islas, las que establecen la ponderación en la contratación de ese colectivo por parte de las empresas que acudan a licitaciones de la comunidad autónoma y la preferencia en su contratación en las convocatorias de ayudas a ONG de cooperación internacional.

Rodríguez se mostró esperanzado de que esas "pequeñas adaptaciones" logren, por fin, el respaldo de las centrales sindicales canarias que, hasta ahora, se han negado a dar debido al requisito de la residencia en las políticas activas de empleo, al tiempo que restó importancia a esas diferencias.

"Lo que de verdad le importa al Ejecutivo es conseguir el pleno empleo y lograr que los 140.000 parados de las Islas consigan un puesto de trabajo", manifestó varias veces Jorge Rodríguez.

El consejero desmintió las acusaciones vertidas por los sindicatos por la "falta de diálogo" en la elaboración del documento. "Esas mismas organizaciones han reconocido que el Ejecutivo ha incorporado el 100% de sus aportaciones y, además, comparten el 98% del contenido de la estrategia".

El presupuesto para ponerlo en marcha saldrá de fondos provenientes de la UE, del Estado y de la propia comunidad, explicó.

Rodríguez anunció que su departamento comenzará a trabajar desde ya en las futuras convocatorias de formación a partir de las directrices establecidas en la estrategia y recordó que los planeamientos recogidos en el documento deben ahora ser plasmados en los planes territoriales de cada Isla, materia en la que el Ejecutivo canario "ya está trabajando", así como en la preparación del plan sectorial trianual con la participación de los agentes económicos, sociales y el propio Gobierno.

sindicatos

Posible acuerdo

El secretario de Empleo de CCOO Canarias, Vicente Sebastián, señaló que los sindicatos canarios estarían dispuestos a respaldar la estrategia laboral del Gobierno autónomo si los informes jurídicos ordenados por esas organizaciones y los organismos europeos dictaminan la legalidad del requisito de residencia en los términos recogidos en el texto canario.

Sebastián añadió que mientras se elaboran esos estudios, "y a la vista de que el Ejecutivo parece haber mantenido la esencia de la propuesta que ya hemos descartado, la postura de CCOO de Canarias sigue siendo la del rechazo. En cambio, el dirigente aclaró que los sindicatos del Archipiélago no tienen una posición cerrada acerca de la Estrategia de Empleo.

En términos similares se pronunció la secretaria general de UGT Canarias, Alicia Rodríguez, que esperará a conocer el texto definitivo antes de valorarlo, pero adelantó que "era evidente que el documento del Gobierno de Canarias no podía aprobarse tal y como estaba redactado".

Rodríguez lamentó que esas modificaciones "no se han producido en el marco del diálogo social, sino porque el Ejecutivo no tuvo más remedio que ajustar el texto a la legalidad española y europea".