Los profesores se querellan contra la consejera por "amenazas y coacciones"

TACHI IZQUIERDO, Tenerife

Los cuatro sindicatos que conforman el comité de huelga de la enseñanza no universitaria de Canarias (STEC, UGT, EA-Canarias y UCPL) presentaron ayer en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife una querella criminal contra la consejera de Educación. Las centrales sindicales consideran que "Milagros Luis Brito ha estado conculcando derechos fundamentales como el de la huelga".

En este sentido, Manuel Marrero, miembro del comité, señaló ayer, ante las puertas de los juzgados, que Milagros Luis ha coaccionado al colectivo docente "llegando a triplicar los servicios mínimos", y que también "los ha amenazado declarando sobre la posibilidad de prolongar el curso para recuperar los días de huelga, cuando parece que desconoce que los trabajadores tenemos reconocido el derecho a la huelga".

Para Marrero, la presentación de esta querella "no supone que se rompa más el clima de negociación", pues aseguró que representa "poner las cosas en su sitio, defendiendo un derecho de los trabajadores e intentar evitar que, porque se esté en el poder, de alguna manera se conculque un derecho".

El representante sindical señaló que "los jueces dirán si tenemos o no la razón, pero nosotros vamos a echar mano de las leyes para proteger a los trabajadores, frente a lo que consideramos una agresión por parte de quien rige los designios de la consejería, de la cual formamos parte los casi 26.000 docentes que hemos estado en huelga la semana pasada".

Mientras esta acción judicial sigue su curso, desde el comité de huelga se señaló ayer, que hasta que lleguen las dos jornadas de huelga que han convocado los docentes para abril y mayo, "se mantendrán las movilizaciones previstas", así como el intento por recuperar la unidad de acción con el resto de sindicatos representativos, decisión que no se abordará hasta finales de esta semana.

Reivindicación

Entre las primeras medidas del comité, tras la huelga figura convocar una manifestación para el 7 de marzo, pues este órgano insistió ayer en su reivindicación de homologación sin contrapartidas, y la exigencia al Gobierno para que "fije los plazos y las cantidades para que, de común acuerdo, poner fin a las movilizaciones previstas".

Los sindicatos aseguran, con relación a las consecuencias que pueda tener la querella, que todo dependerá de lo que decidan los jueces, pero que se trata de una acción por la vía penal, "por infringir los derechos de los trabajadores a la huelga y cuyo tipos delictivos se rigen por los artículos 311 y 315.1 del Código Penal, "cuyas consecuencias estarían entorno a seis meses y tres años de cárcel, aunque nosotros no estamos porque se encarcele a nadie, sino por hacer valer nuestros derechos y que no se conculquen en el futuro". En el texto de la querella, los sindicatos indican que la consejería "ha realizado todo tipo de prácticas malintencionadas tendentes a impedir el ejercicio al derecho a la huelga", y que, en concreto, la consejera, "personalmente, ha obstaculizado ese ejercicio mediante amenazas, coacciones y prácticas antisindicales".