EL DÍA, S/C de Tenerife
El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife recurrió en noviembre de 2006 la multa que le impuso la Inspección de Trabajo por constatar que trece personas tenían contratos fraudulentos, después de que el sindicato Asamblea de Trabajadores de Canarias (ATC) denunciara una situación que, en su opinión, se producía desde hace años.
Este sindicato presentó una denuncia, en junio del año 2006, ante la Inspección de Trabajo para esclarecer la situación que atravesaban esos trabajadores del IASS, manifestando que desde la creación del Instituto, en 2001, "la política de contratación laboral en el organismo ha vulnerado de forma notoria el Estatuto de los Trabajadores ... Las graves carencias de personal han provocado la utilización fraudulenta de trabajadores temporales para la ejecución de las tareas de carácter permanente, habituales e indefinidas en el IASS".
Por ejemplo, citan a un grupo de personas que se encuentran prestando servicios desde hace años (más de tres) de forma continuada y otros con unos pocos días de paro para tareas habituales de la plantilla.
Los puestos ocupados por estas personas son variados y con jornadas completas.
El día 26 de noviembre del mismo año, Trabajo comunica que se ha comprobado "la transgresión de la normativa en materia de contratación laboral mediante su utilización respecto a finalidades y supuestos distintos a los establecidos legal y reglamentariamente, por lo que se ha levantado acta de infracción", tal y como figura en el documento al que ha tenido acceso este periódico.
El día 7 de diciembre de 2006, "ante la situación de indefensión de estos trabajadores, el sindicato ATC requiere a la Inspección de Trabajo para que actúe conforme a lo previsto en la Ley de Procedimiento Laboral (artículos 146 a 150) e inicie una causa de oficio ante los Juzgados de lo Social, a fin de regularizar a esta decena de trabajadores.
No obstante, el sindicato alega que, a pesar de haber transcurrido más de un año y medio desde su denuncia, no ha variado en nada la situación de este grupo de trabajadores, que, además, se han encontrado en muchos momentos bajo presión para denunciar estos desajustes.
Desde el IASS se añade que no existen irregularidades, sino discrepancias.
No obstante, desde el sindicato se insiste en que el IASS del Cabildo se niega a regularizar los contratos y los que sufren esta irregularidad siguen igual, sin poder hacer nada más que esperar.
Fuentes del IASS confirmaron a este periódico que Trabajo condenó a la entidad "con una pequeña multa, que está recurrida", pero no precisaron la cuantía de la misma.
Asimismo, desde la organización sindical citada se asegura que si este caso afectara a un empresario privado, la Inspección de Trabajo "habría actuado con más contundencia, mientras que al tratarse del Cabildo, que está obligado aún más si cabe al sometimiento de la legalidad, se permite que durante años quede sin resolverse un caso alarmante en el que existen trabajadores en precario y con contratos ilegales".
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