EL DÍA, S/C de Tenerife
El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife pedirá al Parlamento de Canarias la retirada de la proposición de ley presentada por CC y PP para modificar las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre Declaración y Ordenación de Áreas Urbanas en el litoral canario por ser contraria a Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), "una sugerencia que podría complicar aún más la legislación vigente".
El consejero socialista en la Corporación insular, Ricardo Guerrero, explicó al respecto que el Grupo Socialista presentará una moción en el próximo pleno para que el Cabildo solicite "la retirada de la proposición de ley hecha para defender núcleos costeros ilegales en el litoral".
"Lo propuesto es contrario a lo establecido en el PIOT y se inmiscuye en las competencias de ordenación del territorio que tienen establecidas las administraciones insulares. Está bastante claro, también, que dicha proposición de ley resulta también contradictoria con la anterior ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del mismo texto refundido, en cuyo artículo tercero se añadía una nueva disposición transitoria para que no pudiera ser suspendida la ejecutoriedad de las órdenes de demolición de las viviendas situadas en el dominio público y sus zonas de protección o servidumbre", dijo.
Es por ello por lo que Guerrero insta al Pleno a "declarar el PIOT y los planes parciales de ordenación del litoral, que están en trámite de redacción, como los instrumentos adecuados y suficientes para la ordenación pormenorizada del litoral de la Isla, solicitando al Gobierno de Canarias que cualquier tipo de ley que afecte a sus determinaciones comprenda un articulado compatible con lo ya establecido en dichos instrumentos de ordenación".
Solicita, además, que "no se complique más la ordenación del territorio en Canarias", se retire la propuesta y que cualquier medida legislativa que exija mejoras de servicios básicos sea acompañada de ficha financiera. Se pide, también, un plan que permita el acceso a la vivienda protegida a aquellas personas que se vieran afectadas por la Ley de Costas.
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