EFE, S/C de Tenerife
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, informó ayer de que el Ejecutivo actual no es responsable de la situación y lo único que puede hacer es recurrir la sentencia del caso Tindaya, que aún no es firme.
En rueda de prensa, Berriel dijo que el Ejecutivo autonómico tratará de encauzar el monumento, para lo cuál ya está llevando a cabo los estudios pertinentes, como el de impacto ambiental que se realiza en estos momentos.
En la próxima reunión de la Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias (Cotmac) se espera tener luz verde para sacar a concurso la obra en cuestión, añadió el consejero.
El Gobierno regional que tomó la decisión de ejecutar la obra hace tres legislaturas emprendió acciones legales con el fin de recuperar el dinero que habían otorgado a una explotación minera y a varias empresas a las que se le adjudicó la obra, indicó Berriel.
Añadió que, una vez presentada la denuncia, la Justicia determinó que el dinero había sido bien pagado y por tanto las empresas no tenían que devolverlo.
"Pero la sentencia no es firme y el Ejecutivo actual hará lo único que puede hacer que es recurrirla", Domingo afirmó Berriel.
Es más, el monumento hay que hacerlo y en eso están de acuerdo todos los partidos políticos, ya que es de interés cultural para Canarias y para Fuerteventura, y además servirá de motor para el turismo y la economía insular.
"No quiero entrar en polémica, ya que el Gobierno regional actual no tiene responsabilidades sobre cómo se trató el tema en su momento, así que lo único que puede hacer es valorar la sentencia y adoptar medidas", concluyó Berriel.
El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Las Palmas de Gran Canaria desestimó el pasado viernes 15 de febrero la demanda que presentaron en su día la entidad Proyecto Monumental de Tindaya, SA, el Gobierno de Canarias y la sociedad pública Saturno contra la UTE Necso-FCC, adjudicatarias de la ejecución del proyecto en la montaña majorera que nunca ha llegado a realizarse, a las que se exigía la resolución contractual, reclamación de cantidad e indemnización de daños y perjuicios. La sentencia, además, condena a pagar las costas a la Administración.
El Ejecutivo autónomo reclamaba a las empresas contratistas FCC y NECSO Entrecanales Cubiertas, y a la UTE formada por ambas, diversas cantidades (2.118.737.500 pesetas, 1.680.000.000 pesetas y 1.960.000.0000 pesetas) en concepto de daños y perjuicios.
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