Los chinos, que son un pueblo de gran filosofía, dicen que debatir raramente es un placer, porque los que son sabios rara vez saben hablar y los que hablan rara vez son sabios. Algo de esto último les está ocurriendo al Gobierno de Zapatero y a su equipo cuando hablan de política económica.
Cuando la bolsa española se desplomó el pasado enero y en el corto espacio de un mes destruyó más de 150.000 millones de euros del valor de capitalización, dejando un 20% más pobres a cuatro millones de familias que habían invertido sus ahorros en acciones y fondos, a nuestro ministro de Economía sólo se le ocurrió decir que no había que exagerar.
No debemos exagerar mientras sube el precio del dinero, con el consiguiente efecto sobre la demanda interna y la inversión. No debemos exagerar cuando se dispara el índice de precios al consumo, acreditando una tasa de inflación interanual superior al 4%, desconocida en España desde hace muchos años, y la repercusión que esto tiene en la economía de las familias.
Y como la inflación, además de ser la ladrona invisible de los que han ahorrado, es también la madre del paro, no debemos exagerar cuando el desempleo ha subido en 132.378 personas en enero, lo que sitúa la cifra total de parados en 2.261.925, circunstancia que no ocurría en nuestro país desde 1995.
Si, además, el Instituto de Estudios Económicos nos advierte que 2008 será peor y que España tendrá el gran honor de ocupar el segundo lugar en tasa de paro (8'3%) de entre los países de la Unión Europea, detrás sólo de Eslovaquia (9'5%). No debemos caer en el alarmismo y estar tranquilos; ya que Zapatero nos ha dicho que nuestra situación es cómoda y que hablar de crisis es una falacia y puro catastrofismo.
Hay que ser inconsciente e irresponsable para anteponer las necesidades partidistas personales a los intereses generales, cuando la crisis económica es algo más que evidente. Aunque puede ser que el subconsciente lo traicionara y cuando hacía estas declaraciones estuviera pensando más en la situación económica de ellos y no en la nuestra. Porque, con todos estos datos, hablar de tranquilidad es, como mínimo, algo desconcertante.
Por ello, la pasividad del Gobierno socialista respecto de la política económica no es aceptable. No se puede mirar para otro lado y decir que no hay que mover fichas, que ya vendrán tiempos mejores, como predica el ministro Solbes.
Todo gobierno que se precie tiene el deber de mantener y fomentar la riqueza del país e intentar que dispongan de ella el mayor número de ciudadanos posibles. Sin embargo, cada día que pasa tenemos más motivos para no creer en Zapatero. Cada día tenemos más motivos para desconfiar de su capacidad para hacer algo ante la crisis de confianza que sufre nuestra economía.
Frente a un Gobierno y un partido, el PSOE, que opta por desviar la atención sembrando la crispación, fomentando polémicas estériles, utilizando el insulto y la descalificación en lugar de dedicarse a buscar soluciones a la cada vez más precaria situación de las economías familiares; tenemos que aplaudir que, por fin, alguien ponga en marcha medidas concretas dirigidas a paliar en lo posible los efectos de la pasividad en materia económica del equipo de Zapatero.
Hay que dar, por tanto, la bienvenida a las recientes propuestas planteadas por el vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias para estimular el crecimiento económico aún cuando el margen de maniobra dentro de la política económica nacional e internacional sea escaso.
Y para tal objetivo pueden ser muy útiles las acciones y reformas propuestas, destacando, a mi juicio, por su singular importancia: la desaparición de barreras y tributos que dificulten la comunicación marítima y aérea entre las islas; la simplificación burocrática y normativa en las administraciones públicas de Canarias, cuya complejidad acaba desanimando al más optimista de los inversores y frenando la creación de riqueza; permitir mayor competencia y libertad de mercados, en rigurosa aplicación de la Directiva de Servicios de la UE (Directiva Bolkestein), lo que redundará, como siempre, en beneficio de los consumidores; realizar un mayor seguimiento y vigilancia sobre los efectos reales de las ayudas del REA, en el nivel de precios en las Islas, y, por último, aplicar nuevas rebajas fiscales, en la línea de lo ya hecho con el impuesto sobre Sucesiones, tanto respecto del impuesto sobre Transmisiones como sobre el Patrimonio.
Por cierto, he leído -no sin cierta sorpresa- que en el Programa Electoral del Partido Socialista para las elecciones del próximo 9 de marzo -programa que pone precio al voto de cada español: 400?- se contempla la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, lo cual denota una escasa originalidad, ya que tal propuesta estaba en el programa electoral de nuestro partido desde las últimas elecciones autonómicas; el copyright es nuestro, pero parece que los socialistas le han cogido el gusto a la mala costumbre de copiar programas electorales. Una supresión, por otra parte, que los socialistas canarios, con la clarividencia y perspicacia que les caracteriza, no dudaron en calificar como antisocial y favorecedora de los ricos. Supongo que algo tendrán que decir ahora sobre el asunto.
En definitiva, creo sinceramente que el próximo 9 de marzo la apuesta es clara. Debemos decidir entre un presidente que ha demostrado que no sabe anticiparse a los problemas y cuando surgen opta por la mentira y el engaño en vez de las soluciones, o por Mariano Rajoy, que sabe lo que hay que hacer para devolver la confianza a los españoles y que tiene un proyecto claro con medidas valientes, enérgicas y llenas de realismo.
* Diputado del Grupo Popular del Parlamento de Canarias
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