El Paso anula el contrato de Canaragua por ser ilegal y convocará otro concurso

M.CH., El Paso

El Ayuntamiento de El Paso abordará mañana viernes, en una sesión plenaria, la anulación del contrato que mantiene con Canaragua para la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable en el municipio (por una duración de cinco años) en cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado Numero 1 de Santa Cruz de Tenerife a instancias de una denuncia presentada por Aqualia. Desde el consistorio se han iniciado los trámites para liquidar la relación contractual. De esta manera, se procede a acordar la ejecución de la sentencia antes de los 63 días de plazo que otorgó el juzgado para notificar el acuerdo plenario. El primer paso para la anulación definitiva pasará por la presentación de un liquidación sobre la gestión del servicio en el tiempo que ha permanecido bajo al tutela de Canaragua, un balance que debe presentar la empresa en el que se recojan pérdidas o ganancias.

Una vez obtenido el informe y dado el visto bueno se procederá a aprobar el pliego de cláusulas que marcarán la convocatoria del nuevo concurso para la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua pública en la localidad, al que se podrán presentar las empresas interesadas. Por el momento, desde la Alcaldía pasense, que preside María Dolores Padilla (PSC) no se ha puesto fecha a la conclusión del expediente, ya que dependerá de la tardanza en realizar todo el trámite administrativo.

En cualquier caso, Padilla recuerda que "la Secretaría del Ayuntamiento ya ha iniciado, por orden de la Alcaldía, el expediente para volver sacar a concurso el agua, independientemente del procedimiento que siga la sentencia. Está claro, apuntó, "que es la única manera de garantizar un buen funcionamiento del mismo y la calidad sanitaria que requiere la distribución entre los hogares del agua para consumo".

Desde la Alcaldía, que ha evitado valorar en varias ocasiones el procedimiento realizado hace dos años (antes de que ostentara el sillón de mando Dolores Padilla) para adjudicar el servicio, se planteó inmediatamente la necesidad de volver a sacar a concurso la concesión del agua en el menor plazo posible y a todos los efectos, con el procedimiento que ya han utilizado otras administraciones locales. Así, desde el ayuntamiento se entiende que "tras el tiempo en el que el servicio ha sido gestionado desde la parte privada, hemos visto que el ahorro de agua es mayor, que funciona mejor, que se atiende mejor a los ciudadanos y que se ha ampliado la red". La calidad del servicio privatizado es superior a la que se ofrecía antes desde el ayuntamiento. Por eso, se entiende que es viable sacar una concesión a largo plazo, por una cuantía económica que se dirá en el concurso, pero que superará los 2 millones de euros, según las primeras estimaciones.

La sentencia dictada a raíz de la denuncia de Aqualia anula todo el proceso de adjudicación que se realizó en 2005, siendo alcalde Jesús Manuel Rodríguez (primero en el PP y luego en el Grupo Mixto), al considerarlo irregular. En el proceso de contratación no se contó con la entidad denunciante para presentar una de las tres ofertas que requería el procedimiento aplicado por el ayuntamiento, diferente al que han realizando otras administraciones locales, y sí con otras empresas que no cuentan con aval suficiente para gestionar el servicio, lo que facilitó ganar a Canaragua. Además, la adjudicación negociada se aplicó para entregarle a la empresa elegida la gestión del agua durante cinco años sin que se le cobrara un euro de canon ni recibir a cambio una cuantía económica directa por recibir la concesión.