Canarias esquiva la liberalización total de los servicios ordenada por la UE

EL DÍA, S/C de Tenerife

El Gobierno de Canarias aprovechará al máximo las especificidades a las que hace referencia la denominada Directiva Bolkenstein, que impone el nuevo marco normativo en la Unión Europea (UE) en cuanto al mercado interior del sector servicios y apuesta por lograr el mayor grado de liberalización posible. El presidente autonómico, Paulino Rivero, dejó claro ayer que las Islas, "al amparo de su especial calificación como región ultraperiférica -RUP-", tendrán una aplicación "atenuada o matizada" de la norma.

Rivero hizo esta afirmación en la inauguración del primer Congreso sobre el Futuro de la Regulación Comercial en Canarias, que se celebra hasta hoy en el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas y organizan el Gobierno canario y la patronal regional de supermercados, Asuican. El presidente apuntó que los términos de la propia Directiva, que se aplicará "de facto" a comienzos de 2010, "permiten modular su aplicación a la realidad canaria", que posee características y necesidades "distintas a las del territorio continental".

Además, puntualizó que en el comercio interior "no cabe una liberalización absoluta de los servicios" y aseguró que al Ejecutivo que preside, que presentará la primera propuesta de transposición de la norma a los agentes implicados en su aplicación el próximo mes de marzo en busca de consenso, le asiste la razón "en defensa de nuestro territorio y medio ambiente".

La misión principal del Gobierno autónomo será compatibilizar el cumplimiento de la norma comunitaria con el mantenimiento del equilibrio entre el comercio tradicional y los nuevos modelos mercantiles que se irán asentando en el Archipiélago. Ello se hará sin perder de vista, precisó, "que incrementar el peso específico del subsector comercial beneficiará al desarrollo económico y social de Canarias" y que también están en juego "las oportunidades de los consumidores, destinatarios finales de este proceso".

Por su parte, el director general de Comercio del Ejecutivo regional, Arturo Cabrera, explicó a Efe que sobre esta directiva se ha dicho, erróneamente, que afecta a los horarios comerciales, o que implicará "un desmadre", lo que no ocurrirá "de ninguna manera". Será así, prosiguió, porque los grandes establecimientos y superficies, los centros comerciales de más de 100.000 metros cuadrados y los grupos que operen con sedes de más de 25.000 metros seguirán, como viene sucediendo hasta ahora, sometidos a licencia comercial específica.

El director general de Comercio precisó que la nueva Directiva afectará, además de al comercio, a otros ámbitos como el turístico o el medioambiental, y agregó que quedarán excluidos de su aplicación el subsector de los transportes, la sanidad y la educación, entre otros, tal y como recoge la norma.

Planes territoriales

Cabrera destacó que la transposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico de los estados miembros obligará, a su vez, a realizar adaptaciones en la normativa de las autonomías con competencias transferidas en la materia, además de en las de cada isla y municipio, como ocurrirá en Canarias, cuyo Gobierno, dijo, ha encargado la elaboración de planes territoriales para cada una de las Islas que definirán el desarrollo comercial.

En este sentido, Rivero explicó durante su discurso de apertura del Congreso que se están elaborando los planes de equipamiento comercial y de ocio en cada una de las Islas, que determinarán "hasta dónde pueden crecer éstas en materia comercial".

A ello Cabrera añadió que la aplicación de la Directiva comunitaria será especialmente cuidadosa con el territorio insular, ya que más del 50% de la superficie del Archipiélago la componen espacios naturales protegidos.

Lo que sí conllevará en las Islas la nueva normativa, refirió, será la modernización y simplificación administrativa de los trámites para solicitar una licencia comercial específica, que hasta ahora son "bastante engorrosos".

El consejero autonómico de Empleo, Industria y Comercio del Ejecutivo autónomo, Jorge Rodríguez, será el encargado de clausurar hoy el congreso, en el que participan 300 representantes de la Administración, asociaciones empresariales y profesionales de distintas ramas del sector.