LA PROPUESTA que ha hecho el líder del PP, Mariano Rajoy, de que si gana las elecciones establecerá, al estilo francés, un contrato de integración para inmigrantes, curiosamente, ha encontrado el respaldo de la mayoría de los españoles. Así lo refleja una encuesta que publicó el pasado día 11, el diario EL PAÍS -nada sospechoso de connivencia con el PP- según el cual un 56 % de los ciudadanos encuestados opinó que esta medida es buena o muy buena y que, por tanto, los inmigrantes llegados a España deberían comprometerse por escrito a integrarse en la sociedad española, respetando sus costumbres, formas de vida y el marco constitucional. ¿Qué está ocurriendo hasta ahora con la llegada masiva de extranjeros procedentes de ámbitos geográficos y culturales no europeos? Pues que, en algunos casos, han creado guetos suburbiales de personas renuentes a la integración, a veces dominados por un sentimiento de odio a la nación que los ha adoptado.
A mi modo de ver, pese a las críticas gubernamentales, la propuesta de Rajoy de que los inmigrantes en España tengan "los mismos derechos y las mismas oportunidades, pero también los mismos deberes que los españoles" es coherente, no en vano la situación de la mayoría de los inmigrantes en España preocupa a los españoles, ya que la integración de estas personas es un fracaso y el Gobierno no ha hecho nada para corregirlo. Pretender que desde las instituciones se respalden moralmente nuestras costumbres y normas de convivencia, amén de la ley, no es nada baladí: el respeto por el otro, por su libertad y por los derechos inherentes a la persona, la convivencia ordenada y en paz, el uso de un idioma común con el que podamos entendernos, todo eso es muy razonable y la gente lo entiende y lo valora. Y esto no debe extrañar ni escandalizar a nadie, ya que si tomamos, por ejemplo, el caso de los EE.UU., el país democrático con una más larga y masiva experiencia en inmigración, comprobaremos que la sociedad norteamericana se ha creado desde la inmigración y aunque tiene unas costumbres muy variadas, comparte un consenso básico muy arraigado basado en las normas esenciales de convivencia, en las "reglas del juego" del lugar donde se va a vivir, dentro de una sociedad abierta.
Otro aspecto importante de la inmigración, en cuanto su llegada y estancia en España, es su irregularidad. Un problema que es preciso acometer. Según datos oficiosos, actualmente viven en España un millón y medio de inmigrantes sin autorización. Una cifra alarmante indicadora de que la inmigración clandestina ha crecido en la última legislatura a pesar del proceso de "normalización" que en 2005 culminó con la legalización de más de 600.000 inmigrantes extracomunitarios. Proceso que ha provocado un importante "efecto llamada", cuyas consecuencias estamos viendo diariamente sin que el Gobierno, desbordado por su inoperancia, consiga poner límites o solución a este éxodo. España se ha convertido en el segundo país del mundo que más inmigrantes recibe. En la actualidad, más del 10% de la población española es extranjera. ¿Y por qué vienen a nuestro país estas personas? Porque saben que tarde o temprano serán regularizadas, mientras que en otros países europeos es imposible o resulta difícil lograrlo.
En estos momentos de crisis económica y laboral, con dos millones de españoles engrosando las listas del paro que tienen el "derecho" constitucional de trabajar, pero no el "deber" porque no pueden conseguir un empleo o trabajo, el Gobierno está obligado a hacer algo para controlar y evitar esta invasión. España, y más en las actuales circunstancias socioeconómicas, no puede asumir tal cantidad de inmigrantes como está ocurriendo porque no tenemos capacidad para dar trabajo, alimentación, vivienda, sanidad y educación, entre otras cosas, a todos cuantos están llegando sin control y porque supone una discriminación para todos los españoles que no tienen oportunidad de trabajar ni de tener una vivienda, una sanidad y una educación digna para sus hijos.
Y, ¡por favor!, que nadie me tache de xenofobia, racismo y demagogia.
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