EL DÍA, Los Llanos
La Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias publicó ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias relativo a la interpretación jurídica en aplicación de diversas normas (6 y 12) contempladas en el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma. De esta manera, el Ejecutivo canario asume el planteamiento de la comisión y da luz verde a los desarrollos de los planes generales de los municipios.
Desde hoy, tras la publicación, quedan definitivamente resueltas las dudas jurídicas del PTE, lo que sirve a los ayuntamientos para poder terminar de tramitar la adaptación de sus planeamientos a la normativa turística, sin limitaciones desde el documento en cuestión hacia el crecimiento residencial de los cascos urbanos.
Según esta interpretación definitiva, las Unidades Territoriales Homogéneas (UTH) con las que se ha zonificado todo el suelo de la Isla, estableciendo una serie de usos adecuados a los valores territoriales del mismo (residencial, turístico, agrícola o de protección medioambiental, entre otros), "deben considerarse como criterios gráficos de los que los ayuntamientos podrán apartarse al adaptar sus planeamientos generales al PTE, siempre que justifiquen que no existen valores concurrentes según el plan de ordenación municipal". Además, el organismo indica que "la delimitación de suelos urbanizables residenciales contenida en el plano S-4 del PTE es meramente informativo, no de ordenación, por lo que este instrumento es de carácter no vinculante para los planes generales municipales".
La aplicación de estas normas del Plan Territorial Especial fue cuestionada, desde el punto de vista jurídico y técnico, al resultar contradictorias, ya que por un lado hablaban de recomendación y por otro de obligatoriedad en los usos de las unidades territoriales marcadas en el documento. Tras la consulta planteada por el Cabildo, a través de la Consejería de Planificación y Servicios Públicos, la Cotmac aporta luz a la interpretación de la normativa, lo que permitirá que todos los municipios de La Palma puedan desarrollar sus cascos urbanos, de manera justificada y en función de las necesidades poblacionales, aunque para ello invadan terrenos que en el PTE se hayan establecido para uso agrario o de protección ambiental.
Así, los temores de varios municipios palmeros con planeamientos en proceso de aprobación o adaptación, se suavizan evitando que el desarrollo urbanístico previsto choque frontalmente con la ordenación recogida en el PTE.
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