Costas no está dispuesta a ser "la mala de la película" por cumplir la ley

N. VIZOSO, S/C de Tenerife

El director general de Costas, José Fernández, acompañado del delegado del Gobierno, Salvador García, dijo ayer que no está dispuesto a ser "el malo de la película" por cumplir con lo que dice la actual Ley de Costas, en referencia a las posibles demoliciones de núcleos del litoral de la Isla.

Fernández, que viajó a Tenerife para llevar a cabo una reunión con vecinos de Güímar afectados por el deslinde realizado por la Dirección General, especificó que los deslindes hay que hacerlos de acuerdo a como manda la ley. "Nos comprometimos al iniciar la legislatura a que íbamos a completar el deslinde y lo vamos a conseguir", explicó el director general de Costas.

Según explicó José Fernández, los vecinos afectados por los deslindes no deben esperar que vayan a ser objeto de demolición ya que un expediente de deslinde no conlleva una demolición ni la desaparición de núcleos. Para Fernández el problema es que se han hecho mal las cosas desde el Gobierno de Canarias ya que hay planes urbanísticos que no clasificaban el suelo como urbano pero que en realidad sí lo eran. "Eso lo tiene que resolver la Comunidad autónoma y hacerlo como marca la ley. No podemos ser frívolos ni alegres en rebajar la servidumbre. Si hay que rebajarla se hará, pero como dice la ley que hay que hacerlo", comunicó Fernández haciendo referencia a la proposición de ley ideada por los grupos parlamentarios de CC y PP para "flexibilizar" la Ley de Costas.

Cabe recordar que la servidumbre será de 100 metros siempre que el suelo no estuviera clasificado como urbano por un instrumento urbanístico aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. Por el contrario, si el suelo estaba clasificado como urbano la línea de servidumbre será de 20 metros.

José Fernández reconoció que en el fondo la Dirección General de Costas está de acuerdo con el Ejecutivo regional, pero no así en las formas. "Nuestro compromiso es cumplir la ley y si flexibilizar la Ley de Costas es un eufemismo que esconde ignorarla, entonces debemos decir que no estamos en sintonía con el Gobierno canario". De lo contrario se admitiría un precedente con el que cualquier administración "podría declarar como urbano un conjunto de cuatro casas desperdigadas por la costa".

Además, para Fernández la proximidad de la cita electoral del 9 de marzo tiene algo que ver en que se haya levantado tanta polvareda con respecto a este tema. "La ley se aplica de forma igual en todas las costas de España y su aplicación se ha hecho de forma pacífica desde hace 20 años. ¡Qué curioso que sea ahora cuando parece que hay problemas cuando llevo cuatro años en el cargo y nunca he tenido ningún problema! En los últimos meses no hemos hecho nada distinto que justifique ningún tipo de controversia desproporcionada", sentenció el director general de Costas, al tiempo que dijo que no admitiría que las cosas se hicieran de manera apresurada por la proximidad de procesos electorales.

Dominio público.- Los expedientes de recuperación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) es otro de los puntos de fricción en el litoral canario. José Fernández recordó que la Dirección General de Costas sólo tiene competencia en el DPMT, siendo fuera de esa zona competencia de la Comunidad autónoma y de los ayuntamientos. Para Fernández existen ocupaciones que no están amparadas por títulos de propiedad y que están ocupando de manera privativa el litoral, por lo que deben existir proyectos de recuperación de esos espacios para el uso público. Estas recuperaciones siempre se realizan con un proyecto de interés general asociado. "Nunca hay demoliciones porque sí", explicó el director general.

En este sentido, indicó que como consecuencia de un expediente sancionador o de recuperación puede haber demoliciones y que se harán de la manera más pacífica posible, "como siempre las hemos hecho. Cuando sean necesarias para restaurar el dominio público estamos obligados a hacerlas", concluyó.

Hotel Médano.- La Dirección General de Costas ha iniciado un expediente de caducidad de la concesión administrativa que se otorgó a este inmueble en los años sesenta por incumplimiento de las cláusulas de la concesión. El Consejo de Estado dictaminará si procede o no la caducidad. En el primer caso se procederá a su derribo o a su cambio de uso ya que el hotelero está prohibido por la Ley de Costas.

Declaraciones BIC.- Ante las intenciones del Ejecutivo regional de incoar expedientes de Bien de Interés Cultural (BIC) para impedir el posible derribo de núcleos como Chovito, en Candelaria, o el hotel El Médano, el director general de Costas se mostró sorprendido por que sea ahora cuando "se descubran las bondades arquitectónicas de estos enclaves". Sin embargo, manifestó que si durante el proceso de resolución de los expedientes de recuperación se declarara BIC alguna zona o inmueble afectado, se respetará haciéndolo compatible con los usos que contempla la Ley de Costas.

Playa de Valleseco.- A través de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Santa Cruz, la Dirección General de Costas y la Autoridad Portuaria se llevará a cabo esta actuación. En la actualidad, la Autoridad Portuaria está redactando el proyecto de ejecución y se espera que el año que viene puedan dar comienzo las obras.

Inversión.- El director general de Costas informó de que en esta legislatura se han invertido más de 40 millones de euros en Tenerife para la recuperación del litoral y adelantó que para la próxima se tienen preparados más de 180 millones de euros para fomentar la costa como un activo de la economía.