El juez ordena prisión para los dos nuevos imputados del "caso Arona"

EFE, S/C. de Tenerife

Un arquitecto técnico ingresó en prisión sin fianza, mientras que otro la puede eludir si paga una fianza de 80.000 euros, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Arona, Nelson Díaz Frías, los imputase por los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Así lo comunicó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, después de que los arquitectos técnicos Roberto de Luis y Zenón Rodríguez, que fueron detenidos el jueves por su posible implicación en una presunta corrupción urbanística en Arona, declarasen ayer ante el juez.

Roberto de Luis Jiménez está imputado por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias y, según indica el comunicado, ingresó en prisión provisional comunicada y sin fianza. Zenón Rodríguez Neris, que está imputado por cohecho y tráfico de influencias, ingresó en prisión provisional comunicada eludible bajo fianza de 80.000 euros.

Los imputados comenzaron a prestar declaración a las 11:00 horas y terminaron a las 23:30 horas de ayer, viernes.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias recuerda que el caso está bajo secreto de sumario.

Roberto de Luis trabaja desde hace más de 20 años en la oficina técnica del Ayuntamiento de Arona, mientras que a Zenón Rodríguez no se le conoce vinculación directa con el consistorio.

La Guardia Civil registró el jueves varias oficinas en la capital tinerfeña para incautarse de diversa documentación.

En relación con este caso, el juez mantiene detenidos al arquitecto municipal de Arona, Eliseo de La Rosa, que ya ha sido cesado de su cargo, y al empresario Arsenio Zamora. A Zamora y de la Rosa se les acusa de cohecho, prevaricación, extorsión y se investigan supuestos cobros de comisiones a cambio de licencias urbanísticas a raíz de la declaración de un testigo.

A principios de 2007

Esta causa judicial se inició a principios de 2007, a raíz de una denuncia del Ministerio Fiscal contra el actual alcalde de Arona, José Alberto González, y siete ediles de la Junta de Gobierno del mandato 2003-2007. Los miembros de dicha Junta permanecen imputados por presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio por la sistemática concesión de licencias urbanísticas que vulneraban la ley, así como por la adjudicación de obras y de servicios a dedo.