ES LO QUE MUESTRA la consejera de Educación respecto del conflicto en que ha metido a los maestros y profesores no universitarios y a la escuela pública. Y ello para no satisfacer las justas demandas del grupo de enseñantes, que devienen de incumplimientos de la Comunidad. Pero doña Milagros Luis Brito no tuvo empacho en cargar la responsabilidad sobre los docentes en aquella aciaga "carta abierta" difundida en los medios de comunicación el 9 de noviembre de 2007 como publicidad institucional. Después de adornarse con unas chicuelinas en los dos primeros párrafos, un quite adornado en el tercer párrafo y unos muletazos bajos en el cuarto, entró a matar en los tres siguientes. A tratar de destrozar a los docentes frente a los padres de alumnos. Toda una indignidad. Y ahí está el conflicto. No sé yo, a estas alturas, si CC.OO. llegó a demandar a la señora consejera, según había prometido.
Que hay una cuestión salarial es evidente. Ya estamos viendo cómo los funcionarios judiciales de la Audiencia Nacional y otras instancias andan por el mismo camino. Y es que las administraciones autonómicas han hecho posible las diferencias que se han ido produciendo. Supongo que la mejor atención a los funcionarios respectivos a las competencias que la Comunidad asumía tenía la perspectiva de no crearse conflictos y dejárselos al Estado.
Sea como fuere, las diferencias existen. Y, lejos de tratar de poner orden, lo que la señora consejera trata es de criminalizar a los docentes como responsables del fracaso escolar, cuando la realidad es el persistente incumplimiento de los pretéritos compromisos, así como de la ineficiente asignación de recursos y medios para la dotación de las escuelas: profesores de apoyo, material, equipos informáticos (no sé cuanto tiempo hace ya que se dijo que habría un ordenador por cada dos alumnos), ratio máximo de alumno/profesor y decreciente en función de la complejidad de la composición del aula dada la estructura multicultural y lingüística de la misma, etc., etc. Cosas todas estas que la señora consejera debe de conocer y que los docentes sufren.
Y en todo esto estamos, cuando la federación de APAS se descuelga con que los padres exigen al profesorado que respete "los derechos de los alumnos". No me creo yo que todos los padres no hayan estado alguna vez en una huelga para defender y/o reclamar sus derechos y que, como consecuencia, no hayan afectado los "derechos de terceros". Toda huelga lleva aparejados esos inconvenientes. He sido sindicalista. He participado, como trabajador, en alguna huelga. He sido miembro de APA, con cargo de responsabilidad en alguna, y ello me permite decir que ahí se produce el peor efecto de una huelga no declarada: la de los padres respecto a su debida integración en las mismas, procurando y compartiendo el seguimiento de la educación de sus hijos en contacto con el profesorado. Y digo seguimiento compartido de la educación; no la mera exigencia del aprobado y/o la descalificación y desautorización del profesor, cuando no la agresión física o sicológica.
Una cosa sí parece estar clara: la responsabilidad del conflicto la tienen la señora consejera de Educación y sus predecesores.
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