TACHI IZQUIERDO, Tenerife
Manuel Rodríguez, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT) en Canarias, una de las cuatro centrales del comité de huelga de la enseñanza no universitaria, denunció ayer que la postura de la consejera "es una medida de coacción total contra el profesorado" y le sugirió a Milagros Luis Brito que "lo que tiene que hacer para solucionar el conflicto es, en vez de tratar de derrotar al enemigo, sentarse a negociar ya".
Rodríguez manifestó que con la postura de ampliar el horario escolar "la consejera demuestra, una vez más, su falta de preparación para ser la principal responsable de la educación en Canarias y demuestra su falta de tacto como jefa de personal del profesorado, además de su desconocimiento sobre las relaciones laborales".
El responsable sindical señaló que "esperamos su buen juicio ante el anuncio que ha hecho de convertir los días de huelga en días lectivos, que no se cobran pero que deben ser recuperados por el personal que secunda la huelga".
En este sentido, Rodríguez indicó que "esperemos que ese día se contemple como una paga doble", a la vez que reprochó que a los docentes "que se ven obligados a trabajar por unos servicios mínimos abusivos, se vean obligados a trabajar un día más, al igual que aquellos que no secunden los paros". Por este motivo, desde el comité de huelga se plantea que "esos días extras que baraja la Consejería se contemplen como horas extraordinarias".
Los docentes indican que esta situación se pondrá en conocimiento de los servicios jurídicos de los sindicatos, "para que actúen en consecuencia", pues indicó que en unas declaraciones recientes de la consejera "ella reconoció que el profesorado tiene derecho a la huelga y, ahora se desdice y busca otra fórmula para seguir echando fuego a la hoguera y presionando al profesorado canario".
El comité de huelga entiende que por parte de la Consejería se tiene que entender que en la negociación no se puede confundir lo que es homologación y nuevo sistema retributivo, y rechazó que se diga que jurídicamente sea imposible, "pues qué problema hay en cumplir una ley que se aprobó en 1991", se preguntó Rodríguez.
Además, añadió que "si quiere hablar de calidad de la enseñanza, "que se siente de una vez por todas y trate al profesorado con dignidad, sin insultos ni desprecios".
Por parte del colectivo de padres y madres de los alumnos se mostró ayer la preocupación por la pérdida de días de actividad lectiva, por lo que realizaron una invitación a docentes y Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para que "reanuden el diálogo cuanto antes", dijo Pura Toste, presidenta de Fitapa.
Toste señaló que "los padres estamos muy preocupados porque ahora los paros afectarán dos días", ya que la huelga prevista afecta a una isla por día y una conjunta en todo el Archipiélago el día 22, "pero sobre todo porque si no hay negociaciones las cosas se ponen feas".
Además, indicó que por parte de los padres también se solicitaron medidas para evitar la pérdida de días lectivos a consecuencia de otros motivos, "como la demora en la cobertura de las bajas de docentes", aspecto al que, dijo, la Consejería se ha comprometido a agilizar el proceso.
Las APAS, que ya han anunciado la posibilidad de realizar movilizaciones por los efectos no sólo en los días de pérdida de clase sino por la suspensión de actividades extraescolares y complementarias, "estamos a la espera de cómo se desarrollan estos acontecimientos y si se produce una reflexión".
Por su parte, la consejera, Milagros Luis Brito, sostiene que está dispuesta a mantener una postura de diálogo, pero precisó que "lo que no es posible es negociar algo como la homologación, que es jurídicamente inviable".
Luis Brito puntualizó que tras la celebración del referéndum del día 30 de enero, "el voto en contra del preacuerdo no significa decir que sí a la homologación, porque este aspecto es imposible e inviable". Recordó que la homologación de 1991 fue una decisión del Parlamento para compensar la mala transferencia del profesorado, que se quedó debajo de los puestos base de la Administración autonómica", que tenía una vigencia de cinco años.
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