EL DÍA/EFE, S/C de Tenerife
La Justicia negó ayer al Gobierno la razón en su pretensión de recibir más de 34,6 millones de euros de las empresas a las que adjudicó la redacción y la ejecución de la obra del proyecto monumental de Tindaya en concepto de devolución del dinero por unos trabajos que no llegaron a realizarse y en concepto de daños y perjuicios, además de los intereses.
La sentencia del juzgado de primera instancia número 8 de Las Palmas de Gran Canaria no sólo desestima la demanda del Ejecutivo, sino que le condena a pagar las costas del proceso y le obliga a devolver más de dos millones y los intereses de ese dinero pagado por las empresas demandadas en concepto de garantía por la reclamación de la Comunidad autónoma, lo que podría elevar notablemente la factura.
La decisión, además, culpa al Gobierno de la imposibilidad de ejecutar las obras al considerar que introdujo en el proyecto un buen número de condiciones que lo hacían muy difícil de cumplir.
Tras conocerse esta decisión, el consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo regional, Domingo Berriel, anunció que los servicios jurídicos de Presidencia del Gobierno trabajan ya en un recurso contra esta decisión y advirtió de que en ningún caso el fallo supondrá un obstáculo en su intención de relanzar el proyecto.
Culpa a la Administración
El Ejecutivo canario reclamaba a las empresas contratistas FCC y Necso Entrecanales Cubiertas, y a la UTE formada por ambas, diversas cantidades de dinero: 2.118,74 millones de pesetas, 1.680 millones de pesetas y 1.960 millones, algo más de 34,6 millones de euros en total, en concepto de devolución del dinero invertido, los intereses generados y daños y perjuicios).
Fue el propio Gobierno de Canarias, al que la titular del juzgado niega el derecho a reclamar como tal en este caso en tanto que participó en él a través de la sociedad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT), quien dificultó la ejecución de los trabajos -a juicio de la magistrada- contratados, al imponer y aceptar, tanto de Chillida como de los propietarios de la montaña, condiciones de complicado cumplimiento.
Condiciones como acompañar el inicio de los trabajos de un gabinete de imagen y garantizar que la obra del artista no iría acompañada de especulación inmobiliaria, que el propio Ejecutivo dejó de acatar, entre otros incumplimientos, según se expone en los fundamentos de derecho de la resolución judicial.
En ella se concluye que fue el Ejecutivo el que hizo "inviable cualquier ejecución del contrato, pues, agotado el impulso político y mediático con el que el Gobierno de Canarias rodeó la adjudicación del contrato, éste cayó en la desidia, culminando en una tozuda negativa a cumplir las condiciones del autor".
Algo que determinó que se negara a redactar el proyecto el arquitecto Fernández Ordóñez, cabeza de la empresa Estudios Guadiana, al que Chillida impuso para tal fin.
Fue, por tanto, el Ejecutivo quien impidió que se cumplieran los plazos temporales en cuya demora argumentó luego, al demandar a las empresas contratistas ante la Justicia, su exigencia de que le fueran devueltas las cantidades que abonó a través de PMMT.
Prueba gráfica de ello es que, si bien el pliego de condiciones por el que se convocó la adjudicación de las obras de realización del proyecto monumental establecía como fecha de finalización de los trabajos el 14 de marzo de 2000, este requisito no se incluyó luego en el contrato formal que finalmente se suscribió con las empresas, según consta en la sentencia hecha pública ayer.
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