El Gobierno autónomo pretende "flexibilizar" la Ley de Costas

Ó. MARTÍN, S/C de Tenerife

El Gobierno de Canarias estudia la posibilidad de "flexibilizar" la Ley de Costas en Canarias, aunque siempre "dentro de la normativa". Así lo explicó ayer en rueda de prensa, y tras la celebración del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo canario, Carolina Déniz. Según dijo, la normativa estatal permite delimitar, en las zonas de servidumbre, la construcción a cien metros si se trata de suelo rústico y de 20 metros si es suelo urbano.

En este sentido, cabe recordar que recientemente los grupos parlamentarios de Coalición Canaria (CC) y PP presentaron una proposición de ley en la Cámara regional en la que plantearon un cambio de la normativa sobre el territorio para la declaración y ordenación de las áreas urbanas en el litoral de las Islas, y paliar, de esta manera, los efectos de la aplicación "inflexible" de la Ley de Costas. Con la iniciativa, nacionalistas y populares pretenden modificar el texto refundido de las leyes de ordenación y del territorio de Canarias.

Así, y sobre la iniciativa presentada, los grupos parlamentarios de CC y PP dejaron claro que no se trata de legalizar indisciplinas urbanísticas, sino de reconocer un derecho de muchos de los propietarios de las viviendas situadas precisamente en zonas en las que "antes que ellos habitaban sus padres y abuelos".

Precisamente, y sobre tal propuesta, la portavoz del Gobierno canario manifestó que dicha iniciativa "respetará siempre la ley, pero teniendo en cuenta, eso sí, la actuación especial de Canarias".

Asimismo -apuntó-, el Ejecutivo que preside Paulino Rivero espera que el Gobierno del Estado "estudie cada caso en concreto", e instó a que se siente con las instituciones pertinentes para velar por la situación de los afectados en relación a determinadas actuaciones del litoral de las Islas.

Otros asuntos

El Consejo de Gobierno autorizó ayer el apoyo del Servicio Canario de Empleo (SCE) al servicio de creación de empresas de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Lanzarote y Fuerteventura, y dichas ayudas se mate- rializarán mediante la concesión de una subvención específica de 350.000 euros para la Cámara de Lanzarote, y otra de 342.500 euros para la de Fuerteventura, correspondiente a las anualidades de 2007, 2008 y 2009.

En otro orden de cosas, el Gobierno autónomo autorizó un gasto de más de 5 millones de euros para la construcción de un centro educativo de San Isidro, en el municipio de Granadilla. La aportación económica se debe, tal y como explicó la propia Carolina Déniz, al aumento de población que se ha registrado en el municipio, y que provoca que los centros se encuentren "al máximo de su capacidad". Además, el Consejo de Gobierno dio el visto bueno al decreto por el que se crea la Declaración de Fiestas de Interés Turístico de las Islas, de modo que los eventos que obtengan dicha declaración tendrán la posibilidad de utilizar la distinción mencionada en todas las actividades de difusión, al margen de contar con preferencia a la hora de recibir subvenciones promocionales de tipo turístico.

Por último, y a través de la consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, el consejo aprobó un decreto por el que se regularán los premios del Instituto Canario de la Mujer, y que duplicará la cuantía de los premios a partir de su entrada en vigor.