Veinte o cien metros; he aquí el problema

ERA COSTUMBRE en las zonas rurales bajar al litoral más cercano en fechas señaladas, especialmente después de la fiesta de la Virgen del Carmen, cuando la creencia popular asumía que las aguas estaban benditas. Y este arraigo fue determinando que, poco a poco, se habilitaran las cuevas naturales como viviendas de fin de semana, en sustitución de los sombrajos provisionales hechos con las impolutas sábanas salidas de cualquier arcón campesino. Posteriormente, se pasó a la construcción de la chabola con materiales de desecho sin ningún impedimento por parte de las autoridades municipales, hasta desembocar, finalmente, en la edificación de casas propiamente dichas, compradas algunas a los propietarios de las fincas colindantes y escrituradas en las gerencias de Urbanismo de cada consistorio. Con lo cual, con este gesto, se reconoció la propiedad legal del habitante y se fue dotando el núcleo de servicios públicos como la traída de aguas, alumbrado, alcantarillado, limpieza y recogida de basuras; pagando, eso sí, los tributos correspondientes.

En similares circunstancias, pero de origen pescador, surgieron caseríos como los de Anaga, Candelaria, La Matanza o el Pris en Tacoronte; algunos con antigüedad superior al centenar de años. Propiedades que fueron pasando de padres a hijos hasta la actualidad, pero que, sin embargo, no tuvieron la consideración de zonas urbanas de una forma claramente definida. Los 100 metros de distancia desde la pleamar hasta el punto del supuesto límite constructivo no pudieron tener cabida nunca, en muchos casos, porque la prohibición taxativa no entraría en vigor hasta 1988. Fecha posterior al establecimiento de infinidad de estas viviendas.

No extraña, por tanto, que algunos alcaldes o ediles responsables de Urbanismo hayan manifestado divergencias a la hora de evaluar las actuaciones de Costas puesto que los que la rechazan son los que, en el ayuntamiento que ahora rigen, consideraron en su momento como zona urbana parte de su entorno periférico sin, como hemos dicho, establecer claramente tal definición para evitar ulteriores problemas como los que ahora ocurren; ocasionando un grave dilema a muchas familias de origen modesto que las habitan como primera y única vivienda. Por el contrario, existen otros que no sólo han aplaudido esta normativa, sino que se adelantaron a ordenar la eliminación del improvisado chabolismo, que nunca tuvo carácter urbano, ya que siempre se les negó cualquier servicio público por más que lo solicitaran, puesto que hubiera sido una forma de tolerancia que, más pronto o más tarde, conduciría a un compromiso difícil de deshacer. Me viene a la memoria el caserío surgido en el llamado Puertito de El Sauzal, al que se tenía que acceder por una finca privada pagando peaje al propietario y que fue demolido durante el mandato del ex alcalde y ahora presidente de todos los canarios, Paulino Rivero.

Considerando, pues, estas controversias, uno se pregunta si se puede medir con la misma vara un territorio insular y escaso con otro continental, donde la distancia de 100 metros supone una minucia comparada con los 20 que se deberían aplicar en nuestras islas. Y ya puesto a interrogar, me pregunto si esta severidad que ahora demuestra el Gobierno estatal se debe exclusivamente al color político que rige en esta comunidad, o si, por el contrario, el celo de esta ley tendrá el mismo grado para los municipios o comunidades donde el predominio socialista es absoluto, o que favorece su gobernabilidad mediante pactos sustanciados.

Como es evidente que a este modesto comentarista no le llueven los datos estadísticos, vuelvo a ceñirme a lo tangible, que es esta isla de Tenerife y son esos cientos de familias que se hallan ahora en un estado de incertidumbre, porque en su día sus representantes públicos no supieron o no quisieron legalizar definitivamente su situación. Y como de costumbre, desde el centralismo se aplica una medida absolutamente subjetiva en la que se iguala a un territorio pequeño, alejado y discontinuo con otro peninsular.

Vistas las circunstancias, queda claro que nuestro deslinde lógico es el de los 20 metros, pero habrá que litigar mucho para que este problema se resuelva de un modo acorde a nuestros límites geográficos y no a lo que nos imponen desde un centralismo que se niega a reconocer nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y, si me apuran, hasta nuestra extensión territorial.

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