MEDINA, Candelaria
La suspensión cautelar del acuerdo del Ayuntamiento de Güímar referido al plan parcial Puertito de Güímar afecta a unas 200 personas que han iniciado el proceso de compra de sus viviendas en la zona, situada a la entrada de dicho núcleo del litoral güimarero, donde la corporación municipal ya ha concedido dos licencias de obras para sendos complejos y está tramitando la tercera.
El alcalde güimarero, Rafael Yanes, aseguró ayer a EL DÍA que el consistorio ya ha recurrido la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), adoptada el pasado 23 de enero, tras la denuncia que interpusieron el colectivo ecologista Tabona, IUC y la formación política local Alternativa por Güímar (AxG).
El plan parcial Puertito de Güímar fue aprobado el 23 de enero de 1992 por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (Cumac), incluyendo la distribución de las parcelas que lo forman. El 29 de diciembre de 2006 tuvo lugar la publicación de la ley que amplió el Malpaís, en la que se especifica que corresponde al Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Medio Ambiente, determinar qué puede hacer el Ayuntamiento de Güímar en las dos parcelas con que cuenta en el plan y que son las afectadas por el aumento de la superficie de la reserva natural especial. Yanes, quien así lo explica, asegura que el consistorio "aún no dispone de este documento cuyo plazo de elaboración concluyó el 29 de diciembre pasado".
Además de poner de manifiesto que el Ayuntamiento de Güímar "siempre ha actuado con todos los informes preceptivos a favor", el presidente de la corporación muestra su preocupación por la cantidad de personas que se han visto afectadas. De hecho, este periódico ha constatado que el grupo inmobiliario que vende las viviendas a construir en la zona ya ha comenzado a recibir las aportaciones económicas de los compradores.
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