El PP exige que se cumplan las promesas financieras de la Ley de Dependencia

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

La puesta en funcionamiento de la Ley de atención a los dependientes, conocida popularmente como la Ley de Dependencia, sigue generando confrontación entre las autonomías y el Gobierno central, y también entre los partidos políticos. Así, ayer el cabeza de lista al Congreso de los Diputados del Partido Popular (PP) por Tenerife, Pablo Matos, no dudó en exigir al Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero que "cumpla los convenios que en su día acordó con el Gobierno de Canarias y deje de retrasar y poner pegas para dar luz verde a la financiación a la que se comprometió".

Según Pablo Matos, el actual presidente de España adquirió el compromiso de dotar con mil millones de euros la ejecución de esta ley en su primer año, cuando esta cantidad se ha visto en la realidad disminuida a 220 euros en 2007, y para este año se estiman 870 millones.

"Sólo en la Comunidad Autónoma de Madrid se presupuestan 700 millones de euros al año a la atención de las personas dependientes, lo que revela la pobreza de la promesa hecha por Zapatero", señaló el líder popular.

Los datos que maneja la formación política apuntan a que, de las 200.000 personas que se calculaban que recibirían las prestaciones previstas por la ley, en la actualidad sólo la reciben 37.000. Respecto a Canarias, de los 8.875 expedientes de solicitud de ayudas, sólo habrían sido tramitados hasta ahora 4.200, lo que significaría que algo más de la mitad de los beneficiarios en potencia aún ni siquiera han sido valorados.

Junto a Matos, el diputado nacional y número tres de la lista del Partido Popular por la circunscripción de Toledo, Francisco Vañó, ratificó al completo el discurso de su compañero de formación tinerfeño, si bien enfatizó que "a veces parece que las políticas sociales son exclusivas de las ideologías de izquierdas, cuando lo cierto es que todos los partidos políticos tenemos vocación e interés por normalizar las desigualdades y lograr la plena ciudadanía".

En este sentido, Vañó, que es el primer diputado que sufre una discapacidad física que le obliga a desplazarse en silla de ruedas, recordó que "nosotros también queríamos esta ley; de hecho, incluso la llevábamos en nuestro programa electoral, de ahí que finalmente no presentáramos una enmienda a la totalidad sino 160 enmiendas de las que se nos aprobaron 50. No obstante, todo se ha quedado en promesas que lo que han hecho ha sido aumentar la frustración de un colectivo al que el Gobierno le ha vendido humo".

Vañó reclamó "que este gobierno tenga más seriedad y más formalidad y que cumpla lo que tantas veces prometió, porque les aseguro que si le preguntan a alguna persona que sufra una discapacidad o que sea dependiente sobre la entrada en vigor de esta ley, comprobarán que ni uno sólo les dice que está contento".

Para finalizar, la candidata al Senado por Tenerife, Águeda Fumero, apeló a la insensibilidad que el Gobierno central parece tener en esta materia, ya que "debería ser un asunto urgente y prioritario, porque estas personas necesitan más ayuda y apoyo que nadie", y recordó que "todos tenemos en nuestra familia a alguna persona discapacitada o a algún anciano y sabemos lo que es".

Así las cosas, la mirada ahora está puesta en el próximo lunes cuando las comunidades autónomas se reúnan para tratar de desbloquear los problemas de financiación con el Gobierno central.

precampaña

Compromisos electorales del PP

"El Partido Popular no sólo se centra en denunciar que la actual Ley de Dependencia es ineficaz sino que también propone, y estoy en disposición de adelantarles las directrices de lo que recogerá nuestro programa electoral", anunció ayer Francisco Vañó que además de diputado es el portavoz del PP en materia de discapacidad.

Las ayudas que se aprueben reunirán un equilibrio interterritorial y habrá un mínimo común para todas las comunidades autónomas.

Puesta en marcha de un Tercer Plan de Empleo para discapacitados que reúna incentivos fiscales y económicos, tanto para las empresas privadas como para la pública.

Aumentar de un cinco por ciento a un siete por ciento la cuota prevista para emplear discapacitados en la Administración Pública.

Incorporar a todas las iniciativas que surjan del Gobierno o del Parlamento un informe de igualdad de oportunidades y de acceso universal para valorar su idoneidad.

Dotar adecuadamente las ayudas a la discapacidad y a la dependiencia, sin vender más cuestiones de las que realmente puede asumir un gobierno. Es decir, no vender humo ni crear más frustraciones.

Conseguir que las decisiones que se tomen por parte de la Comisión Parlamentaria de Discapacidad sean más eficaces.

No llevar a cabo ningún proyecto o ninguna iniciativa parlamentaria sin contar con las opiniones y decisiones que surjan de los propios discapacitados a través de organizaciones como el Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi).