EL DÍA, S/C de Tenerife
Alternativa Nacionalista Canaria exige al Consistorio capitalino que ejecute la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acerca de la tasación del frente de playa que se dictó hace más de un mes.
En dicha sentencia se asegura "que será el tribunal canario el que intercederá para la tasación entre el ayuntamiento y los empresarios, los cuales deben devolver al pueblo santacrucero la diferencia de una tasación exagerada de los terrenos".
Desde ANC entienden que la tasación propuesta en el sumario del "caso de Las Teresitas", en las que se valoran los terrenos en 11 o 15 millones de euros teniendo en cuenta las dos sentencias existentes sobre el deslinde marítimo, "es la que se debe aplicar para el dictamen del TSJC y no dilatar más en el tiempo un fallo que debía haberse resuelto por parte del consistorio y de los empresarios".
Asimismo, desde ANC consideran que ese dinero proveniente de la diferencia del pago de dichos terrenos debe ser invertido por el Ayuntamiento de Santa Cruz en solventar varias deficiencias de la ciudad.
En la misma línea se ha mostrado el colectivo ecologista El Rincón, que considera que el TSJC no tendrá que realizar ni encargar una nueva tasación de los terrenos del frente de la playa, para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba nula la compraventa. Entiende El Rincón que basta que se aplique la valoración que ha hecho el TSJC en el sumario del "caso Las Teresitas", que oscila entre los 11 y los 15 millones de euros, en función del deslinde marítimo-terrestre que se considere válido.
En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento de Santa Cruz pagó por las parcelas del frente de playa a Inversiones Las Teresitas SL un total de 52,5 millones de euros, de tal forma que cualquiera de las dos valoraciones realizadas por el TSJC que se ejecute está muy por debajo de lo que pagó en el año 2001 el consistorio.
Así, si se aplica el deslinde del año 1961, que según la Dirección General de Costas es el que está vigente, el valor de los terrenos sería de 15,2 millones, por lo que ILT tendría que devolver al ayuntamiento 37 millones de euros. Si, en cambio, se aplica el deslinde de la nueva Ley de Costas, los terrenos costarían algo más de 11 millones de euros, por lo que los empresarios tendrían que devolver 41 millones.
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