N. VIZOSO, S/C de Tenerife
La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias ha establecido la resolución por la que se fijan los porcentajes de participación insular en los ingresos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) para el ejercicio 2008, según publicó el Boletín Oficial de Canarias en su edición de ayer.
Conforme a la repartición asignada por Islas, al Cabildo de Tenerife le corresponden unos ingresos de 340 millones de euros, según confirmó a este periódico el consejero insular de Presidencia y Hacienda, Víctor Pérez, a lo que habrá que sumarle las cantidades destinadas a los ayuntamientos. La cifra total representa el 39,4% de los recursos del REF que Tenerife tiene asignados.
Este porcentaje es el mayor de todas las islas del Archipiélago ya que se fija según la población, la superficie y el hecho insular. A continuación se sitúa Gran Canaria con una participación del 37,1%.
La resolución que saca anualmente la Consejería de Economía y Hacienda se realiza para establecer las aportaciones que el Gobierno autonómico establece a cuenta del REF tanto a cabildos como a ayuntamientos de todas las Islas.
Los porcentajes se aplican a cada Isla en función de la totalidad a repartir según la Ley 9/2003 de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias y las cantidades correspondientes las aporta, mensualmente, el Gobierno canario a cada Isla. El Cabildo a través de la carta municipal distribuye a cada municipio la cantidad que le corresponda, por lo que hace las veces de intermediario.
De todas formas, los porcentajes de reparto tienen carácter provisional ya que el reparto definitivo resulta de la revisión anual de los padrones municipales, siendo, hasta entonces, recursos que se devengan a cuenta de esta revisión final.
Financiación insuficiente
La ley mejoró el sistema de financiación de las corporaciones locales cuantitativamente e introdujo una mayor claridad en el procedimiento. Sin embargo, desde el Cabildo de Tenerife se considera un avance insuficiente en cuanto a las cantidades que deben estipularse para financiar el ejercicio de las competencias y la prestación de los servicios públicos que tienen encomendados.
En este sentido, la Corporación insular es partidaria de efectuar una revisión conjunta de la ley, junto con el Gobierno canario, con el objeto de redimensionar el grado de financiación de las diferentes competencias transferidas.
En el pasado hubo alguna discrepancia fundamentada en la manera de establecer el cómputo de la población que motivó diferencias con el Gobierno canario, que, más tarde, quedaron zanjadas, aunque ello no sea óbice para que el debate no permanezca abierto.
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