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Urbanismo trabaja en un nuevo proyecto para la Casa Roja de Residencial Anaga

El propietario de la vivienda que fue demolida en 2006 comentó que altos cargos de la Gerencia le han asegurado que se levantará la vivienda, aunque con una planta menos. Primero está por terminar el proyecto, luego se agilizará la licencia y se convocará un concurso para buscar una empresa que ejecute la obra.
2/feb/08 18:46
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CRISTINA ÁLVAREZ, Tenerife

Un equipo de técnicos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz se encuentran trabajando en el proyecto de la Casa Roja de Residencial Anaga, que se encuentra muy avanzado, según fuentes oficiales. Urbanismo la derribó y debe ser el que la levante nuevamente.

Por otra parte, Pedro Díaz, dueño de la Casa Roja, comentó a EL DÍA que "tengo noticias de que Urbanismo está trabajando y lleva muy avanzado el proyecto y altos cargos del ayuntamiento me han comentado que la casa se va a construir".

Díaz afirma que pese a estas buenas noticias no ha retirado el recurso ante el Tribunal Supremo (TS) por la demolición, daños y perjuicios, ya que "son ocho años ya con esta amargura e increíble injusticia. No entendemos cómo los jueces nos han tratado así". "Lo que se ha hecho con nosotros no ha sido justicia, sino simplemente dictar sentencias. Nuestro delito fue pedir una licencia a Urbanismo para hacernos una casa en Residencial Anaga y ahora queremos que nos devuelvan lo que legalmente es nuestro", dijo Pedro Díaz.

Licencia de 6.000 euros.- El pleito se remonta a mayo de 1999, cuando el matrimonio formado por Pedro Díaz y Esperanza González compró el solar en Residencial Anaga y la Casa Roja no estaba construida. "Ellos metieron la pata al darnos la licencia y ellos se hacen responsables ahora y nos van a hacer la casa", dice.

La licencia para construir su casa le costó a Pedro Díaz unos 6.000 euros, pero de nada le sirvió porque ya llevan más de un año fuera de su hogar y "viviendo en La Salud con toda su familia en una casa de poco más de 50 metros cuadrados". La vida de Pedro Díaz cambió de la noche a la mañana y está a la espera de que todo se solucione lo más pronto posible y que "quién tiró la casa la vuelva a levantar. Me comentaron que en lugar de dos plantas sobre la carretera como tenía antes se quedará en una, pero no me importa, ya que lo único que quiero es que nuestra vida vuelva a la normalidad y retornar a nuestro hogar de donde no tuvimos que salir nunca".

Por lo que le han dicho en Urbanismo al dueño de la vivienda roja de Residencial Anaga, tras concluirse el proyecto y contar con la licencia para la obra saldrá a subasta para que una empresa se encargue de levantar la nueva Casa Roja.

Con esta solución, "la familia quedará contenta. Nunca entendí que si no se podía me dieran una licencia que costó unos 6.000 euros. Era una licencia del timo de la estampita. Todos por la calle me preguntan por mi casa y seguiré con mi lucha porque nos hemos sentido atropellados y desplazados. Esto ha sido una auténtica barbarie".

Esperanza González consideró que "hemos sido expoliados por la fuerza, casi a mano armada. De 400 metros de parcela y toda una vida de trabajo para pagar una hipoteca de 200.000 pesetas hemos pasado a la nada, pero seguimos teniendo que pagar y vamos a ver qué pasa este año con el IBI, la basura, etcétera. A cambio de terminar con nuestro patrimonio y toda una vida, nos dan 15 millones de pesetas a través de un simple recibí porque no hay nada por escrito a cuenta de una indemnización por daños y perjuicios. Pero qué ocurrirá cuando se acabe ese dinero".

El abandono.- La familia propietaria de la Casa Roja, situada en el número 13 de la Cornisa Cuarta de Residencial Anaga tuvo que abandonar su domicilio el 19 de septiembre de 2006 y desde entonces no han regresado. La primera demanda se interpuso en septiembre de 1999. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo recayó en diciembre de 2000 y fue recurrida por los propietarios y Urbanismo, siendo confirmada por el TSJC el 24 de octubre de 2001. A pesar de que se trataba de una sentencia firme, los demandantes tuvieron que instar a los tribunales a ejecutar la sentencia. Ya el 19 de septiembre de 2005 no había vuelta atrás. Sin embargo, en esa época y con otro concejal Urbanismo, que incumplió de forma reiterada los plazos del Juzgado, procedió al desalojo.

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