La financiación de los partidos políticos

EN DEMOCRACIA no se puede pensar de otra manera que no sea la que empuja los impulsos y demandas del cuerpo social a un reformismo permanente, que necesita, precisa y requiere la higiene democrática, por lo tanto, de la vida pública.

Argumento inicial este que se apoya no sólo en las prerrogativas en lo material (financiación privada) de cada opción política, sino en la habilitación democrática misma (sistema previsto para la financiación partidaria); y en este sentido hemos de referirnos a la necesidad de un marco normativo que esé convenientemente sintonizado, en términos de regulación representativa con la ciudadanía, de la que pretende ser su extensión, su presencia lo más realista posible con su conformación.

Pues hemos de tender a una defensa de la voluntad política no sólo formal, es decir los que ya han obtenido presencia institucional y han accedido a recursos legalmente establecidos, sino real, la que evoluciona coherentemente con el (muchas veces) vértigo de los factores que provocan la reorganización de las fuerzas y opciones concurrentes; por lo que la postulación de listas abiertas, que expresen formas de gobierno más identificadas con el sentir popular, podrían corregir con ello la tergiversación que se produce por la dictadura de los partidos y sus cúpulas dirigentes en el hacer concreto del gobierno. En otras palabras, que gobierne quien desea el y la ciudadano/a, y no deslocalizados e ignotos intereses difusos.

Para lo cual nos parece imprescindible un control real de la financiación opaca, oculta, de los partidos políticos, para evitar las adulteraciones y las perversiones del sistema, al ser este un problema consustancial al de la reforma electoral, para evitar una situación meramente concurrente y resurgente en cualquier contienda electoral. Pues es indudable que no afrontar de una vez por todas esta situación podría avocarnos a poco edificantes extremos, como el acontecido en la Francia de enero de 1990, donde, en medio de una vergonzante autoamnistía de los partidos, se aprobaban reglas mucho más estrictas sobre su financiación, como igualmente se arbitró en la Italia de los excesos habidos en el 93.

Dilapidar durante las contiendas electoras cantidades ingentes de dinero implica propugnar e incluso postular el favorecimiento de la corrupción política, lo que acontece más cuando la reseñada financiación es privada, ya que sustrae a los partidos del cumplimiento de sus cometidos, desnaturalizándoles de su espíritu y funcionamiento democráticos, a los que constitucionalmente están obligados, al tiempo que elimina las condiciones de igualdad entre los distintos contendientes.

Y todo ello sin olvidar que vivimos en la sociedad de la información, donde las distintas opciones, para adquirir relevancia, deben generarla y, por tanto, debe favorecerse el acceso a una conveniente divulgación, y es muy difícil lograrlo sin equipos competentes y sin recursos económicos que "estimulen" dicha presencia mediática.

El cumplimiento de este deber corresponde a los poderes públicos ofrecerlo, no sólo porque los partidos políticos contribuyen a la formación y expresión de la voluntad popular, sino porque impulsan el funcionamiento de las instituciones representativas, y también porque de esa manera es posible asegurar unos niveles de igualdad de un saludable juego limpio, donde la difusión de las ideas y las propuestas se impongan a la pura, dura y manipuladora propaganda. El sistema electoral debe proveerse de mecanismos que garanticen los imprescindibles mínimos de acceso a la ciudadanía, en la competencia por el poder, y establecer controles dirigidos a hacer transparente la financiación privada y, por tanto, limitarla.

Y así los ciudadanos sabrán quiénes sostienen los diferentes partidos y con ello se podría evitar que la disposición de recursos procedentes de particulares se convierta en un factor determinante del predominio político y la consecuente y "viciada" instrumentalización "aviesa" de las instituciones administradas.